El grupo Gestor para la Participación Ciudadana en la Gestión Pública (GGPC) realizó este martes 25 de julio el foro denominado “Prácticas nacionales e internacionales sobre derecho de asociación y su protección como derecho humano”, con el objetivo de informar a los diferentes sectores sociales en el tema relacionado al derecho de asociación.
La ponencias estuvieron a cargo de la representante del Centro Internacional para la Ley en el Sector No Lucrativo (ICNL, por sus siglas en inglés), Jocelyn Nieva, la representante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y miembro del GGPC Loyda Robles, el representante de la Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS) y también miembro del GGPC Miguel Orellana, además, contó con la participación de la Profesora y ex Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pedro Sula, Mary Ela Martínez.
Entre las temáticas desarrolladas se encuentran el Derecho de asociación como un Derecho Humano, con un profundo análisis en las limitantes que en este derecho tiene El Salvador, basándose en el Derecho Internacional, destacaron que el país cuenta con un marco legal amplio que regula este derecho, no obstante en la aplicación se denotan serias deficiencias y contradicciones.
Ante eso Jocelyn Nieva invitó a los participantes a la reflexión a través de preguntas clave como: “¿En El Salvador es necesario el reconocimiento del Estado para garantizar el derecho de asociación? ¿Es rápido y económico tener el reconocimiento legal?”. Y enfatizó en los procesos engorrosos a los que son sometidas las organizaciones “cada vez que el personal de una asociación debe mandar a una persona a hacer un trámite no está atendiendo personas necesitadas, no está teniendo el fin de la visión de las organización” destacó.
Por su parte Mary Ela Martínez compartió los avances de Honduras en cuanto a este tema, en relación al marco regulatorio que garantiza el Derecho de Asociación en dicho país, e hizo un llamado a sensibilizar a la población y organizaciones de la sociedad civil, añadió “cuando entendemos que es un derecho humano entendemos que hay que transmitirlo y protegerlo”.
Por último abordaron el tema del fondo concursable administrado por la Asamblea Legislativa, en El Salvador, al que pueden optar organizaciones sin fines de lucro para proyectos encaminados a beneficiar a los sectores más vulnerables de la población, pero que en años anteriores ha sido adjudicado de forma discrecional y poco transparente.
La actividad se dio como parte del proyecto «Incidencia para la aprobación de un entorno legal más favorable para la vigencia del derecho de asociación en El Salvador», financiado por ICNL.
