El 16 de mayo de este año, alrededor de 75 familias pertenecientes a la Comunidad El Espino, en Antiguo Cuscatlán, fueron desalojadas de manera forzosa de sus viviendas, el desalojo se llevó a cabo bajo la orden emitida por el Juez de Paz de dicho municipio, José Antonio Palma.
Ante tales hechos FESPAD se encuentra en solidaridad y constante interlocución con la comunidad, y se ha pronunciado contra el desalojo. El pasado viernes 18 de mayo FESPAD envió de una carta de petición de intervención y acción de los Derechos Humanos de las 190 personas que constituyen las familias desalojadas, a la Relatora Especial para una Vivienda Digna de las ONU, Leilani Farha, al mismo tiempo realizó un informe narrativo y fotográfico del desalojo.
El terreno donde se ubica la comunidad El Espino está conformado por dos parcelas, una propiedad del Estado salvadoreño y la otra propiedad de la familia Dueñas (familia de alto poder económico en el país), la última fue anteriormente propiedad del Estado, hasta permuta realizada el 29 de mayo del 2009 bajo el mandato del Ex Presidente Elías Antonio Saca, es decir, el Estado salvadoreño intercambió con la familia Dueñas los terrenos donde se encontraba alojada la comunidad, a cambio de los terrenos para el paso del Boulevard “Diego de Holguín” renombrado como “Monseñor Romero”.
Posteriormente, desde abril de 2014 el Juez de Paz de Antiguo Cuscatlán realizó en reiteradas ocasiones acciones para proceder al desalojo de las familias, que han habitado por generaciones en dicho terreno, estas acciones fueron frenadas gracias a recursos de amparo emitidos por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor de la comunidad.
No obstante, el 16 de mayo agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden, UMO, ingresaron a la comunidad y realizaron el desalojo completo del terreno, interviniendo con maquinaria y por la vía represiva las viviendas de las y los pobladores, que en muchos casos, no tuvieron oportunidad de movilizar el total de sus pertenencias.
El síndico de la ADESCO, Pedro Manzano, manifestó: “La situación de nuestra comunidad es grave, estamos en crisis, no porque nosotros lo hayamos buscado, sino porque el poder económico de este país vale más que la orden de un presidente de la República, nosotros lo lamentamos porque todo el tiempo hemos nacido en esta tierra, hay un sistema que no es justo, más que todo con las comunidades que están habitadas por gente pobre como nuestra clase, estamos pidiendo al Gobierno que considere las ofertas que nos ha hecho a través de FONAVIPO y el Viceministerio de Vivienda, nosotros no queremos dinero, hablamos de un proyecto habitacional que está contemplado en un convenio que fue firmado en el año 1999 por la Cooperativa El Espino, y el gobierno de aquel entonces, sin embargo no lo han respetado, dicen que no existe, para nosotros es lamentable es lo que nos daba vida, nosotros hasta este día le damos vida a ese convenio no lo hemos desechado, pero lamentablemente nos quieren sacar de la zona”.
Respecto a la propuesta del Gobierno mediante el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, y de FONAVIPO, se encuentra el reconocimiento económico a las familias bajo un monto que oscila entre $11,000 a familias que no poseen alguna otra propiedad y $4,000 a familias que cuentan con alguna propiedad.
La propuesta ha sido rechazada por las y los habitantes, quienes sostienen que se niegan a ser desarticulados como comunidad, y reubicarse en otros espacios, debido al grave problema de inseguridad que enfrenta el país. Ante esto una habitante de la Comunidad expresa: “Yo en lo personal siento que nos conformaríamos con que nos dieran un pedacito de terrenos con escrituras para no seguir pasando esto, porque después que nos matamos mucho tiempo trabajando en la finca para los Dueñas, para la cooperativa, nunca nos reconocieron nada. Yo pienso que es injusto, ahorita lo que les pedimos es eso, un traslado a un terreno, un traslado para que ya no tengamos nunca más este problema, por nuestros hijos que van creciendo. ¿Qué les cuesta darnos a los más pobres? para ellos nosotros aquí solo somos un estorbo y por venir a construir sus hoteles, sus centro comerciales nos están sacando”.
Finalmente, Manzano agregó: “nosotros le estamos pidiendo al Gobierno que reubique a nuestra gente en la parcela que esta contiguo al Ministerio de Relaciones Exteriores que pertenece a la cartera del Ministerio de Hacienda, es decir es terreno del Estado, o sino aquí enfrente donde está el edificio de la ILEA tal vez nos pueden reubicar, en caso que no nos acepten en el terreno del Ministerio de Hacienda, es lamentable para nuestra gente porque no tenemos donde ir”.
