La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho –FESPAD- frente a la insostenibilidad financiera generada en el Sistema de Ahorro para Pensiones -SAP- y ante la necesidad de una reforma al mismo, que tenga como centro la garantía de los Derechos Humanos de las personas, MANIFIESTA:
Los sistemas previsionales no deben ser vistos con un afán mercantilista; más bien, estos deben buscar brindarles las condiciones materiales y espirituales para una vida digna y plena a todas aquellas personas en condición de retiro, pero también aquellas que por diversas razones no se encuentran o nunca formaron parte de la población económicamente activa.
Como producto de las conquistas laborales obtenidas mediante las luchas de los trabajadores y trabajadoras, el posterior reconocimiento normativo de los Derechos Económicos Sociales y Culturales –DESC-, y el fortalecimiento de un Estado de bienestar creado frente a la crisis del sistema capitalista de 1929, los Estados han tratado de crear mecanismos para solventar las necesidades de todas aquellas personas que por invalidez o vejez ya no forman parte de la población económicamente activa ocupada.
Fue hasta 1969 que en El Salvador se incorporó el régimen de pensiones para los riesgos de vejez, invalidez y muerte al Instituto Salvadoreño del Seguro Social y la posterior creación del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, con los cuales el Estado salvadoreño trataba de satisfacer las necesidades de determinados sectores de la población.
Como resultado del auge del modelo neoliberal y los programas de ajuste estructural dentro de los cuales una de las medidas fue la privatización de los activos públicos, entre ellos el sistema previsional. Latinoamérica experimentó un cambio de sistema previsional, iniciado en Chile a principios de la década de los años ochenta y en el resto de países en la década de los noventa; dicho modelo, en esencia, plantea una capitalización individual de las pensiones, la administración privada, la inversión de los fondos en el mercado de capitales, y un rol subsidiario y fiscalizador del Estado.
El modelo mencionado fue incorporado en El Salvador mediante la aprobación de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones aprobada por la Asamblea Legislativa e impulsada por la administración del ex presidente Calderón Sol, en diciembre de 1996, por medio de la cual se privatizó el sistema en detrimento de los y las trabajadoras cotizantes y en beneficio de las denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones -AFP´s-.
Frente tal aprobación, FESPAD presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de ese momento una demanda de inconstitucionalidad, en ella se alega lo inconveniente de la adopción de la privatización de las pensiones, así como la vulneración del principio de contratación, ya que únicamente existían 5 administradoras de fondos. La demanda no fue admitida. Con el paso del tiempo, una AFP quebró y dos fueron absorbidas por otras, hoy en día existe un duopolio en la administración de fondo de pensiones.
El cambio en el sistema previsional no tuvo como parámetros los derechos humanos de la población cotizante; más bien, fue promovida por esquemas políticos y económicos internacionales que benefician a pequeños grupos en detrimento de las mayorías, lo que no permite un adecuado desarrollo humano y la satisfacción de los DESC en el país. Con el cambio de sistema previsional, a las trabajadoras y trabajadores cotizantes no se les garantiza una pensión durante todo el tiempo de vida; y el monto de las mismas no garantiza la cobertura de las necesidades materiales y espirituales de los pensionados.
Desde una perspectiva de Derechos Humanos los sistemas previsionales deben de garantizar a las personas pensionadas por invalidez o vejez, lo necesario para que estos puedan tener una vida digna y plena; a pesar de ello, en El Salvador, con la reforma realizada en la década de los noventa solamente se garantizó la inversión de los agentes privados que desde 1998 se arrogaron un 3.5% en concepto de comisión por el manejo de fondos y que actualmente es del 2.2%, lo que les ha permitido obtener ganancias sin someterse a ningún riesgo de inversión.
La transición del sistema público de pensiones a uno privado se realizó garantizando los intereses de las AFP´s al permitir que toda la población más joven, económicamente activa y ocupada obligatoriamente pasara a éstas, y las personas que se encontraban próximas a obtener una pensión continuaran cotizando en el sistema público, lo que implicó menores ingresos para éste y le obligó a adquirir deuda para el pago de pensiones, ya que a diciembre 2013 el sistema público contaba con 100,418 pensionados y las AFP´s solamente con 60,268 haciendo una relación desproporcional de cotizantes en contra de personas pensionadas, lo que impacta gravemente las finanzas públicas. Los recursos definidos para financiar el pago de pensiones se habían agotado, por lo que desde 2001 a 2006 el Gobierno recurrió al endeudamiento con eurobonos y a partir de 2006 mediante la emisión de Certificados de Inversión Previsional.
A pesar de que la transición del sistema generó impactos negativos a las finanzas públicas, esta no fue acompañada de una reforma tributaria de naturaleza progresiva que dotara de mayores fondos al Estado para honrar la deuda previsional producto de la transición.
En la actualidad, a pesar de que se ha emitido una ley que reconoce y promueve los asocio público privados y frente a la propuesta gubernamental de crear un sistema de pensiones de naturaliza mixta donde los fondos sean administrados por las AFP´s y el Estado, resulta contradictorio que los representantes de la ANEP y ASAFONDOS se opongan a dicha medida ya que la empresa privada fue uno de los sectores que impulsaron la aprobación de la referida normativa.
Mayor contradicción refleja el hecho de que estos representantes exijan transparencia, publicidad y participación ciudadana en el marco de la elaboración de una propuesta frente a la crisis previsional; pero al mismo tiempo se oponen a que la también actual discusión en torno al aumento al salario mínimo se haga de manera transparente, pública y participativa. En este caso están a favor de realizar las discusiones a puerta cerrada. Es decir, que sólo exigen transparencia cuando su conveniencia lo demanda.
Como medida emergente de la crisis del sistema previsional, el Estado debe crear un sistema de pensiones con un régimen financiero de reparto que dimensione principios colectivos y solidarios entre los cotizantes, que lleve a una cobertura universal de las pensiones en donde primen los derechos humanos de la persona y no intereses económicos de los agentes privados.
Para gozar de un sistema previsional con un enfoque de derechos humanos es necesario contar con un Estado fortalecido y no sólo supervisor de las AFP´s; además, pasa por una reforma tributaria integral de naturaleza progresiva que conlleve a dotar al Estado de mayores fondos con el objeto de garantizar las pensiones de las actuales y futuras generaciones.
FESPAD considera que dado lo trascendental de la reforma previsional que se plantea, se debe generar un proceso amplio, equitativo y transparente de consulta de la propuesta, que incluya a todos los sectores.
San Salvador, 22 de febrero de 2016
