En el marco del Estado Constitucional de Derecho
La Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia (CCPVJ), en coordinación con FESPAD, Tutela Legal del Arzobispado, La Coordinadora Intersectorial Pro Juventudes de El Salvador (CIPJES) y el Instituto de Estudios para la Mujer “Norma Virginia de Guirola” (CEMUJER), desarrollaron un foro-debate, sobre “La Militarización en El Salvador en el marco del Estado Constitucional de Derecho”, que tuvo por objetivo propiciar un espacio participativo de discusión crítica y de análisis académico sobre la participación de militares en tareas de seguridad pública en el marco de un Estado de Derecho.
En el foro participaron como panelistas la licenciada María Silvia Guillén, directora Ejecutiva de FESPAD, el doctor Antonio Martínez Uribe, catedrático universitario y el licenciado Samuel Lizama, juez de Paz de Saragoza, La Libertad.
La licenciada Guillén, en su intervención se refirió entre otras cosas a que la militarización de la seguridad pública es una medida equivocada, ilegal e inconstitucional; además que con eso no se resuelve el problema de la criminalidad en el país. Además dijo que para enfrentar la grave situación de inseguridad, hace falta establecer estrategias integrales en materia de prevención y control del delito.
Por su parte el juez Lizama, hizo un análisis histórico jurídico, destacando que la seguridad pública siempre ha estado dominada por los militares, aún cuando la Constitución Política de la República establece que la seguridad pública y la defensa nacional estarán adscritas a ministerios diferentes. Dijo además, que según este mismo cuerpo legal, el Presidente puede excepcionalmente hacer uso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, siempre y cuando se agoten los recursos ordinarios.
Finalmente el doctor Martínez Uribe, indicó que la militarización de la seguridad en el país, es un grave error, pues la doctrina que enseñan a los militares es en el uso descomunal de la fuerza y en aniquilar al enemigo. Dijo además que los cambios en materia de seguridad impulsada por el Presidente Funes recrudecerá la represión, especialmente contra las y los jóvenes.
