Focalización del subsidio al gas propano: medida correcta, método equivocado

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), presentó el Estudio“Focalización del subsidio al gas propano: medida correcta, método equivocado. Una lectura ciudadana a la decisión de focalización por parte del Gobierno del Presidente Mauricio Funes

El estudio fue realizado por el investigador Juan José Ortiz, y en el mismo se señala que el subsidio es una transferencia que el Estado realiza con el objeto de beneficiar a los sectores más populares, aquellos que no pueden acceder a servicios sociales básicos y cubrir sus necesidades materiales de vida, por tanto señaló el investigador: “un subsidio debe ir a los sectores menos favorecidos y la clase media no debe ser sujeta de este beneficio, el gobierno no debe dar subsidios de productos y servicios básicos a la clase media”. Aunque aclaro que ello no implica que no se puedan dar estímulos a la clase media, pero son de otro tipo.

La investigación reconoce que que uno de los logros del subsidio ha sido limitar el contrabando del gas propano en puntos ciegos de las fronteras con Guatemala, Honduras y Nicaragua, permitiendo al gobierno hacer un uso más óptimo de los recursos estatales y eliminar la práctica ilegal de compra venta por parte de grupos clandestinos.

El estudio plantea que la decisión del gobierno de focalizar el subsido al gas es una medida correcta pero se hizo con un método equivocado, debido a que solo se basa en el nivel de consumo de energía eléctrica como criterio de inclusión, lo cual resulta insuficiente. El estudio propone criterios técnicos para mejorar la focalización del subsidio, haciendo uso de diez bases de datos que tienen las instituciones gubernamentales o privadas en su poder.

Estas instituciones son: Consejo Nacional de Ayuda Integral a Personas con Discapacidad (CONAIPD), Instituto Nacional de los Empleados Públicos (INPEP), Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), la base de datos del registro vehicular SERTRACEN, el sistema financiero, el Centro Nacional de Registro (CNR), la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y la base de datos de los funcionarios públicos.

Entre los criterios que plantea el estudio se encuentran: si la persona es propietaria de vehículos, bienes inmuebles, tarjetas de crédito o si consume más de 40 dólares de agua potable, no debería gozar del subsidio ya que se puede presumir que una persona en esta situación tiene capacidad adquisitiva para adquirir un tambo de gas. Por otro lado, plantea que si debería incluirse entre las personas subsidiadas a las personas con discapacidad y las personas jubiladas, debido a que sus ingresos económicos son limitados.