Ante la resolución dictada, el 17 de noviembre de 2015, por el Tribunal de Sentencia de Sonsonate, en la que se absolvió a seis militares acusados por la privación de libertad de dos jóvenes y la desaparición forzada de otros tres, hechos sucedidos en Armenia, Sonsonate, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), y la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), presentaron este lunes 30 de noviembre de 2015, un Recurso de Apelación contra la resolución.
Las organizaciones reclaman que la jueza que conoció el caso no utilizó el sentido común, las reglas de la lógica y de la psicología, tal como lo exige la ley, dado que para ella los jóvenes debieron haber desobedecido las órdenes de los soldados y resistirse al procedimiento de captura. “Al revisar la sentencia hay una clara vulneración del derecho de acceso de justicia a las víctima y los familiares porque… la jueza de sentencia de Sonsonate llega a una valoración de la prueba que es bastante errónea… ella plantea que los jóvenes fueron, con los militares, por su voluntad y ese razonamiento lo saca de que no hubo violencia en el traslado, sin embargo todos sabes que sí llegan seis efectivos militares armados y les ordenan trasladarse a otro lugar, se hace caso a la orden, esa es la autoridad” expuso Abraham Ábrego, director de FESPAD.
En la resolución dictada por la Jueza Gilda María Isabel Cabañas Hurtado, se absuelve a los imputados SANTOS MANUEL CORETO RAMÍREZ. RONALD ALBERTO RODRÍGUEZ POZO, JUAN OVIDIO SANTIAGO GARCÍA. JOSÉ ALEXANDER SANTAMARÍA CONSTANTE; MANUEL DE JESÚS SANTOS SÁNCHEZ; y ARELY ELIZABETH ESQUINA DE RAMOS, por los delitos de PRIVACIÓN DE LIBERTAD POR FUNCIONARIO PÚBLICO, AGENTE DE AUTORIDAD PÚBLICA y por el delito de DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS.
“Las organizaciones apelantes consideran que la resolución produce una afectación a las víctimas directas y sus familiares. Se les ha negado el acceso a la justicia, ya que se han irrespetado gravemente las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas recabadas, dado que existen suficientes elementos para condenar y pese a ello se ha absuelto a los militares involucrados, generándose una sentencia injusta” sostuvo Loyda Robles de FESPAD.
A pesar que los testigos relatan detalladamente las circunstancias de modo, tiempo, lugar y demás aspectos relacionados con el operativo militar en el que fueron retenidas las cinco víctimas por más de dos horas, y del que posteriormente resultaron desaparecidos tres de ellos, para la juzgadora esas pruebas resultaron irrelevantes.
“Creemos que es una sentencia bastante dudosa, por el razonamiento que hace la jueza, incluso, llega a plantear una tesis que los hechos son irrelevantes, sin tener en cuenta que se habla de tres jóvenes que a la fecha no han aparecido”, comentó Ábrego.El recurso de apelación fue presentado el pasado lunes, donde los abogados de la querella del caso esperan que se rectifique el resultado y se haga un proceso justo contra los militares.
El hecho sucedió el 18 de febrero de 2014, cuando 5 jóvenes se encontraban reunidos frente a una casa de la Colonia San Fernando I, en Armenia, Sonsonate. Llegaron seis efectivos militares, quienes los retuvieron. Luego los hicieron caminar por la línea férrea hasta la Colonia San Damián, dominada por la pandilla contraria a la zona donde residían éstos, registrándoos y tomándoles fotos. Posteriormente, fueron liberados dos de ellos, el paradero de los los otros tres se desconoce.
Las organizaciones esperan que, por la vía de apelación, se logre revertir esta sentencia que es atentatoria al derecho de las víctimas y sus familiares y solicitan de la Corte Suprema de Justicia una auditoría formal para este juicio y que se deduzcan las responsabilidades que correspondan. También instaron a la Fiscalía General de la República para que inicie una investigación de oficio para determinar si la jueza en referencia cometió el delito de Prevaricato o si su sentencia está basada en actos de corrupción.
