FESPAD SOSTIENE QUE RATIFICACIÓN DEL ADA DEBE SER AMPLIAMENTE DISCUTIDA
El viernes 21 de junio, en el espacio de entrevista Mi Gente Informa que se transmite de 7 a 8 de la mañana, en Radio Cadena Mi Gente, Saúl Baños, Coordinador del Programa de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, de FESPAD, compartió la postura que distintas organizaciones sociales tiene en relación del proceso que se sigue entre el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa para la ratificación del Acuerdo de Asociación -AdA- entre la Unión Europea y El Salvador.
Es de recordar que el pasado 18 de junio, en el marco de la consulta ciudadana que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa realizaba en un hotel capitalino sobre el pilar comercial del AdA, en conferencia de prensa, distintas organizaciones sociales presentaron su postura frente al proceso que se sigue para la ratificación de dicho Acuerdo.
En dicho posicionamiento, las organizaciones sociales consideran que el AdA, en esencia, es un tratado de libre comercio. Aunque contiene otros dos pilares relacionados con cooperación y diálogo político su énfasis es comercial. A través del pilar comercial del AdA, la Unión Europea busca equiparar los privilegios contenidos en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR por sus siglas en inglés); y que actualmente ya gozan las empresas estadounidenses.
También, las organizaciones sociales hicieron un llamado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a que resuelva la demanda de inconstitucionalidad que fue admitida en contra del CAFTA-DR.
A juicio del entrevistado, en lugar de ratificar el AdA, deberían impulsarse negociaciones entre Europa y Centroamérica que excluyan a los servicios públicos y ambientales, las compras gubernamentales y propiedad intelectual, y que reconozcan las enormes asimetrías existentes entre las partes, de manera que se conceda a las pequeñas economías en desventaja, un trato preferencial y diferenciado que les permita aprovechar las “ventajas” del comercio internacional para fortalecer sus capacidades productivas y beneficiar a su población, y se desmonten las prácticas de comercio desleal.
