La alternancia en el Ejecutivo ha traído la identificación de todas las irregularidades con la que actuaron los gobiernos anteriores.
Estos descubrimientos se han hecho en todas las oficinas de gobierno sin excepción; en unas más, en unas menos. Sin duda, la población honesta de El Salvador está esperando que se pongan en evidencia y que denuncien todas estas irregularidades, de tal manera que la arbitrariedad, el despilfarro, la corrupción y otros ilícitos penales, sean conocidos, investigados y sancionados por las autoridades respectivas; todo lo anterior, con las garantías del debido proceso.
No obstante, esta es una práctica y una cultura que no es usual en nuestro país; en El Salvador se denuncia y se exhibe como criminales a las y los jóvenes en situación de pobreza, se les juzga y se les condena a largas penas de prisión, sin que esto atraiga la atención de nadie; no ocurre lo mismo con el crimen organizado, ese que está enquistado en las altas esferas del poder político y económico como garantía de impunidad, que ha garantizado la atribución exclusiva de la criminalidad a las pandillas, sin investigación alguna, como forma de tender una cortina de invisibilización a sus acciones. Esta ha sido la historia vivida.
Con el cambio de gobierno, hay instituciones, así como funcionarios y funcionarias que han asumido la responsabilidad histórica de develar lo que han encontrado y de denunciar lo que han considerado irregularidades o situaciones que lindan con violaciones a la ley: el ISTA, ministerio de Gobernación y la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, entre otras.
Esta última entidad, a través de la señora inspectora general, Zaira Lis Navas Umaña, ha iniciado procesos disciplinarios contra personas que ocuparon cargos de altos jefes oficiales de la corporación policial, algunos de los cuales ya son del conocimiento de la Fiscalía General de la República, por haber indicios de constituir ilícitos penales.
La reacción de los denunciados no se ha hecho esperar, incluso, ya algunos, han denunciado a la señora Inspectora en razón de la investigación.
De igual manera, ya surgieron los tradicionales sectores de poder político y económico oponiéndose a la investigación, calificándola como una “cacería de brujas” y más aún, como una persecución de personas inocentes por razones ideológicas. Llama la atención la férrea oposición del novel grupo político GANA, quienes a toda costa quieren impedir la investigación.
Por todo lo anterior:
- Damos nuestro total respaldo a la labor que está realizando Zaira Lis Navas Umaña, inspectora general de la PNC, a quien lejos de denigrar, acusar y acosar, como lo hacen algunos sectores, se le debería dar todo el apoyo para habilitar la posibilidad de investigar y de llegar a la verdad objetiva de los hechos que investiga, pero además, se le debería acompañar en este proceso.
- Demandamos el respeto a los derechos de los investigados, lo cual tenemos conocimiento, que la Inspectoría está cumpliendo.
- Demandamos que se lleve hasta las últimas consecuencias los resultados de estas y otras investigaciones, que permitan recuperar para la PNC, la legitimidad, el prestigio, el reconocimiento y la confianza social, que por su actuar en los años anteriores, se ha deteriorado.
- Solicitamos a los señores oficiales investigados, que a diferencia de períodos anteriores, donde ocurrieron depuraciones y procesos amañados e irregulares, tengan confianza en el funcionamiento de la institucionalidad estatal, que les respetará plenamente sus derechos; someterse a este proceso, haciendo uso de las garantías que les franquea la ley, les permitirá demostrar su inocencia, de ser esta su realidad.
- Exigimos el pleno cumplimiento de la Constitución y la ley; se debe tomar conciencia que la impunidad del pasado y del presente es una de las principales causas de la grave criminalidad que abate al país. .
Un llamado especial al señor presidente de la República, al señor ministro de Justicia y Seguridad Pública, al señor director de la PNC, para que den a la licda. Navas Umaña todo el apoyo, el respaldo y el acompañamiento a esta importante y valiente labor que está realizando en beneficio del pueblo salvadoreño. Deben rodearla de todas las garantías de seguridad a su integridad física y moral. Un llamado a la población salvadoreña a acompañar este proceso valiente e inédito que puede ser el punto de partida del cese de la impunidad en nuestro país.
Es el momento en el que la institucional del Estado debe funcionar en respeto a la población salvadoreña, con base en el Principio de Igualdad Jurídica consagrado en nuestra Constitución.
San Salvador, 2 de diciembre de 2009
Concertación por la Paz, la Dignidad y la Justicia Social Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD Patria Exacta, Movimiento de Profesionales y Técnicos por la Solidaridad y la Justicia Social.
