FESPAD presentó públicamente una propuesta de «Ley especial de prevención de la violencia». La incitativa se enmarca en la necesidad de contar con un marco normativo que le de sostenibilidad al abordaje integral a la crisis de seguridad pública con énfasis en la prevención de la violencia.
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El sábado 17 de marzo FESPAD realizó un foro dónde se socializó la propuesta denominada: «Ley especial de prevención de la violencia». La actividad estuvo dirigida, particularmente, a periodistas y representantes de partidos políticos y se contó con la asistencia, también, de representantes de diversas organizaciones y comunidades; con el propósito de incentivar el debate sobre los proyectos presentados en la Asamblea Legislativa en materia de prevención de la violencia.
La propuesta fue elaborada por FESPAD a partir de su experiencia en materia de prevención, desarrollada en varias comunidades de 4 municipios del Departamento de San Salvador.
En tal marco, el coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal de FESPAD, Héctor Carrillo, expresó: “El principal aporte que se quiere hacer con la propuesta, además de recolectar aspectos positivos de otras propuestas elaboradas con anterioridad, es poner el énfasis en el tema de la necesidad de impulsar acciones en materia de prevención de la violencia, lo cual implica crear un tejido social en comunidades, acercar la institucionalidad del Estado. Consideramos que la ausencia del Estado (en las comunidades) ha propiciado el fenómeno de inseguridad que atravesamos, y en la medida que las intervenciones en los territorios sean a partir de las necesidades de la población vamos a tener efectos positivos en materia de seguridad pública”.
La propuesta presentada por FESPAD tiene un enfoque de prevención primaria, de tal forma que no sea necesario pertenecer a pandillas para participar en los diversos procesos propuestos en relación a lo educativo, inserción laboral y económica, emprendedurismo, cultura, arte y deporte.
Lo anterior no significa excluir a los miembros de pandillas de los procesos de prevención o rehabilitación, sino más bien, construir procesos inclusivos mediante el establecimiento de redes de apoyo para jóvenes que tengan algún nivel de vinculación con las pandillas.
En lo que a institucionalidad se refiere, la iniciativa propone construir un Sistema Nacional de Prevención de la Violencia, que incluya el nivel estatal, municipal y comunitario. El Sistema Nacional estaría compuesto por la Comisión Nacional de Prevención de la Violencia, la Secretaría Ejecutiva, adscritas ambas instancias al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y los Comités Municipales de Prevención de la Violencia.
A nivel estatal, la propuesta de ley establece la responsabilidad de dinamizar el trabajo de prevención al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, con la participación de la Corporación de Municipalidades de El Salvador, la inclusión del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer y la participación de representantes de las organizaciones sociales en el máximo organismo del sistema.
En el ámbito municipal se delega la responsabilidad de territorializar la prevención desde los Comités Municipales de Prevención de Violencia. Esta acción busca que las alcaldías se vuelvan un actor estratégico en la implementación de los programas de prevención, descentralizando los procesos de admisión y control de los beneficiarios. Además de involucrar a los liderazgos comunitarios en los procesos de inscripción de los participantes de los distintos procesos incluidos en la propuesta de ley.
La normativa también propone que los grupos familiares sean incluidos en los procesos de prevención de la violencia, el mejoramiento de espacios comunitarios para fortalecer la convivencia social y el tejido social.
En lo financiero, la la propuesta de ley impone la obligación del Estado de incluir en el presupuesto nacional la partida correspondiente para la ejecución de los procesos de prevención contemplados en la normativa.
En relación a prevención terciaria, se plantea involucrar a personas que egresan del sistema penitenciario -juvenil y adulto- en los procesos de mejoramiento comunitario, facilitar espacios organizativos para crear factores de protección social y buscar procesos de inserción laboral con emprendimientos o acceso a empleos con empresas vinculadas a los territorios intervenidos. La propuesta de “Ley especial de prevención de la violencia” elaborada por FESPAD fue presentada, junto a otras organizaciones, a la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa en marzo de 2017, con el propósito de enriquecer el debate sobre el tema y coadyuvar a la aprobación de tan necesaria normativa.
Dentro de la jornada se contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil como la mesa por el diálogo y la paz, MEDIPAZ, medios de comunicación, la Asociación de Radios comunitarias de El Salvador (ARPAS) y el diputado del FMLN, Misael Mejía.
La actividad se desarrolló en el marco de la ejecución del proyecto denominado “Fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos a través de la participación ciudadana en El Salvador”, auspiciado por Pan Para el Mundo y ejecutado por FESPAD; el cual busca fomentar el diálogo al interior de las comunidades y fortalecer la interlocución con las autoridades del Estado en los territorios.
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