La Fundación de Estudios para la Aplicación de Derecho (FESPAD), presentó su balance sobre la situación de derechos humanos a dos años de Gobierno del Presidente, Salvador Sánchez Cerén.
En materia de seguridad, si bien FESPAD reconoce como aciertos gubernamentales el diseño de El Plan El Salvador Seguro, la conformación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, y la implementación del modelo de policía comunitaria, señala que ha faltado convicción y voluntad política suficientes para la aplicación e impulso de los mismos, lo que ha generado que las acciones de prevención de violencia sean limitadas.
FESPAD considera como puntos críticos que el Gobierno ha impulsado otros planes y estrategias con un enfoque “manodurista”, como la creación de batallones militares para tareas de seguridad, el impulso de medidas extraordinarias, y el desarrollo de planes de control y limpieza de los territorios, que en lugar de resolver el problema de la violencia, han generado violaciones a derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y han complicado la implementación de El Plan El Salvador Seguro.
En el ámbito de la asistencia a las víctimas de la violencia en El Salvador, se lamenta la ausencia de programas efectivos que faciliten a estos procesos de atención psicosocial, rehabilitación y compensaciones por el daño sufrido. Tampoco existen protocolos efectivos que garanticen un trato compasivo, humano y digno durante las gestiones administrativas o judiciales relacionadas a la investigación y juzgamiento de los crímenes.
En materia de derechos económicos, sociales y culturales, se reconoce que el Gobierno ha mantenido su énfasis en apoyar a las poblaciones más vulnerables con el desarrollo de programas sociales y con su negativa a reformas que afectan a la población como el aumento de edad para jubilarse o sus posiciones en torno a un salario mínimo digno. Sin embargo, no ha logrado superar el problema de financiamiento, en parte, por no contar con una política fiscal progresiva que combata las enraizadas prácticas de elusión y evasión fiscal.
FESPAD considera positivo la presentación por parte del Gobierno de una propuesta de reforma al sistema previsional, la cual se considera necesaria para superar la crisis en que han caído los sistemas de ahorros individuales.
Si bien se reconocen esfuerzos por desarrollar la productividad de la micro, pequeña y mediana empresa y la generación de empleos, las cifras indican que se ha incrementado la tasa de desempleo (De 5.9% en 2013 a 7% en 2014) y la tasa de subempleo (De 27.7% en 2013 a 31% en 2014). En este sentido, se señala que si bien las remesas familiares han incrementado un 7% y son un factor dinamizador de la economía, a la vez revelan la falta de oportunidades en el país.
En materia de transparencia y combate contra la corrupción, FESPAD resalta algunas iniciativas impulsadas por el Gobierno como el desarrollo de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), la Iniciativa COST para transparentar las obras de construcción y la Mesa Intergubernamental para Prevenir la Corrupción. También resalta, las asambleas ciudadanas que se desarrollan en las distintas localidades del país, en coordinación con alcaldías municipales, que permitirá la identificación de prioridades en las necesidades de la población, las cuales deberán ser canalizadas posteriormente a las instancias obligadas y generar un mecanismo de seguimiento, para que no se quede únicamente en consulta.
Como puntos críticos, FESPAD considera como deuda principal en el tema de participación ciudadana la falta de una ley que garantice dicho derecho. Al respecto, en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014 – 2019, el presidente de la República asumió el compromiso expreso de generar una propuesta legal de participación ciudadana, como parte de las acciones que le permitirían consolidar la democracia en el país; no obstante a la fecha no se cuenta con dicha propuesta nacional y en lo que se ha estado trabajando es en la elaboración de un Decreto Ejecutivo.
FESPAD considera que se mantienen a la fecha las dificultades identificadas, en cuanto a ejercicios de rendición de cuentas con poca participación ciudadana, en donde lo que se prioriza es el traslado de un informe de labores.
Entre los retos y recomendaciones se señalan: desarrollo de una política pública integral de convivencia pacífica; Incorporar a organizaciones de la sociedad civil al Consejo Nacional por la Seguridad y la Convivencia incluso a organizaciones de Derechos Humanos; crear un programa nacional de atención psicosocial para las víctimas de la violencia social y delictiva, así como establecer medidas que fortalezcan el acceso a servicios de salud, rehabilitación y resarcimiento; adopción de medidas tributarias para la sostenibilidad del financiamiento de los programas sociales, que debe incluir la persecución de prácticas de elusión y evasión fiscal; y el impulso de una Ley Nacional de Participación Ciudadana, que garantice el derecho de la población. De igual forma el impulso de un mecanismo de consulta amplia que permita conocer los contenidos de la nueva Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de Lucro que está trabajando la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción.
San Salvador, 30 de mayo de 2016
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