Este jueves 28 de septiembre, FESPAD en coordinación con la Asociación de Constitucionalistas de El Salvador (ACOESSV) realizaron el foro ¿Existe prevaricato por parte de la Sala de lo Constitucional en el Caso QUIMAGRO?
El objetivo de la actividad fue realizar un análisis de cara a las acciones realizadas por la Sala de lo Constitucional en relación a este caso, cuya fecha data de hace treinta y tres años, pero que aún continua vigente. Es decir, se buscó abrir el debate en cuanto a la responsabilidad empresarial en relación a los Derechos Humanos y el acceso a la justicia para que el caso sea resuelto de la manera más justa.
El abogado de FESPAD, Héctor Carrillo sostiene que “En el año 2016 la Sala de lo Constitucional mediante una resolución de seguimiento emitió un amparo que anuló una resolución de la Sala de lo Civil. Esta sentencia (Sala de lo Civil) fue emitida por un mandato de la Sala de lo Constitucional en un conflicto de la empresa QUIMAGRO con una entidad financiera, el cuál es un conflicto civil y mercantil” recalcó.
La primera sentencia sostenía que el caso debía pasar a la Sala de lo Civil para que esta emitiera una sentencia favorable o desfavorable, posteriormente la Sala de lo Civil analizó el caso y emitió una sentencia favorable a QUIMAGRO donde condenaba a la institución financiera y la misma debía reconocer a QUIMAGRO daños y perjuicios y costas procesales.
Sin embargo, esta sentencia fue anulada en el año 2016, bajo el argumento que se le está dando seguimiento al caso. Ante esto la Sala de lo Constitucional pidió un informe a la Sala de lo Civil, la Sala de lo Constitucional al ver que la sentencia era favorable para QUIMAGRO decidió anular el dictamen.
El director ejecutivo de FESPAD, Saúl Baños, manifestó: “a nosotros como FESPAD nos interesa el establecimiento de un Estado democrático, constitucional y social de Derecho, nosotros queremos abrir brecha con esta responsabilidad que deben tener las empresas en el cumplimiento respeto y garantía de los Derechos Humanos”
Durante el foro se presentaron distintas perspectivas, por su parte el Representante de la Empresa QUIMAGRO, Antonio Vega afirma que le ha sido irrespetado el debido proceso, y ha existido arbitrariedad en cuanto a su caso por parte de algunas entidades judiciales.
“Sabemos que el caso desde la perspectiva civil y mercantil tiene reserva de ley, por lo tanto no nos vamos a referir a los incidentes que se han dado en esa materia, sino que estamos haciendo un análisis constitucional” sostuvo Saúl Baños.
