FESPAD es una de las organizaciones sociales que exigen que la Fiscalía General de la República investigue a fondo los actos de corrupción que están saliendo a la luz, entre ellos el del Ex presidente Flores, y que no se queden en los medios de comunicación como un espectáculo de coyuntura electoral.
La sociedad salvadoreña no pueden quedarse simplemente como “testigos pasivos de una telenovela mediática electoral alrededor del tema de la corrupción”, así lo expresaron representantes de organizaciones sociales, entre ellas la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, el Centro para la Defensa del Consumidor, CDC y la Asociación de Radios, la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, entre otras en un documento con el que asumen la responsabilidad de vigilancia antes estos hechos y de exigencia a que sean investigados a profundidad.
Ángel Ibarra, de la Unidad Ecológica Salvadoreña, enfatizó que las organizaciones sociales le dedicarán una lucha frontal a los corruptos que se han beneficiado con el dinero de los salvadoreños,” para que esto no se convierta en un video de ciencia ficción donde los ladrones hoy son víctimas y la gente que busca la justicia son perseguidores, vamos a terminar con la hipocresía de los oligarcas y de sus serviles que hacen de la corrupción la fuente inagotable de su riqueza”.
Por su parte Juan Carlos Sánchez, de FESPAD, hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que tome un papel fundamental y trabaje en una reforma constitucional que ponga un candado desde la norma prima salvadoreña, “porque si vamos a endurecer penas que no sea solo para quien se roba una bicicleta o una vaca, este tema no debe ser abordado de un signo partidario”, señaló
Los representantes de las organizaciones señalaron que se debe poner un paro definitivo hechos corruptos y llegar hasta el fondo con los casos como el mal uso del FODES, por parte de Norman Quijano, candidato a la presidencia de ARENA, el amañado contrato entre CEL y ENEL, la desaparición de los fondos donados por el gobierno de Taiwán, las irregularidades en la construcción de la carretera Diego de Holguín, actual Bulevar Monseñor Romero, la presunta participación de alcaldesas y alcaldes en ilícitos.
