“Admisión de recursos legales no debería constituir conflictos interórganos”
El Movimiento por la Transparencia del Sistema Judicial, donde se integra FESPAD, presentó su evaluación sobre la controversia que en días recientes se ha generado en El Salvador entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Judicial, a raíz del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Posterior a que la Sala de lo Constitucional admitiera varios recursos de inconstitucionalidad presentados contra los decretos legislativos en que se concretó la elección de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa inició una serie de ataques y críticas contra dicha Sala, manifestando que las admisiones constituían una flagrante violación a la autonomía del Poder Legislativo, por no tener sustento legal y que estarían generando un “peligroso choque entre Órganos de Gobierno”.
Ante este hecho, representantes del Movimiento manifestaron que la admisión de recursos legales no debería constituir conflictos entre los diferentes órganos Estatales, por lo que el hecho que la Asamblea Legislativa lo evalué así, se convierte en un peligro, ya que en el fondo el mensaje que deja es su no reconocimiento a la Sala de lo Constitucional como máximo tribunal en materia constitucional.
Además declararon que el Órgano Judicial tiene la competencia exclusiva de administrar justicia y resolver las controversias provocadas por la violación a la Constitución y a las leyes, por lo que debe apegarse al principio constitucional de separación de poderes, mediante el cual los órganos del Estado son independientes entre sí, y solo están facultados a ejercer el mandato que la Ley les confiere.
Con esta evaluación, el movimiento por la Transparencia del Sistema Judicial, exigió a la Asamblea Legislativa que respete incondicionalmente los procesos y resoluciones de la Sala de lo Constitucional, absteniéndose de realizar ataques y presiones que afecten la independencia judicial; como ha sucedido en las últimas semanas. A la Sala de lo Constitucional exigió resolver en forma independiente, sin injerencias políticas y con estricto cumplimiento a las garantías del debido proceso los recursos presentados en torno a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
