LAIP permitiría dignificar a víctimas de violaciones a los derechos humanos
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador, presentaron ante los medios de comunicación, su evaluación a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), exponiendo los vacíos y requisitos que ésta debe cumplir para hacer efectiva su finalidad.
Dado que la LAIP califica como regla general que toda información estatal será de carácter público, exceptuándose únicamente las reservas que la misma ley establece; las organizaciones manifiestan que la promulgación de la referida Ley viene a subsanar el vacío legal que históricamente la población salvadoreña ha enfrentado en torno a demandar de las instituciones del Estado información en su poder, y que esta sea otorgada con un carácter ágil, completa, gratuita y veraz; a través de mecanismos sencillos y de fácil acceso.
Abraham Abrego, subdirector de FESPAD, manifestó ante el hecho que aún no se ha nombrado a las y los integrantes del Instituto de Acceso a la Información Pública contemplado en la Ley, como un grave incumplimiento por parte del presidente Funes, por lo que demandaron al funcionario a efectuar inmediatamente los nombramientos y dotar a dicha instancia de todos los recursos que éste requiera para cumplir con las obligaciones que la Ley le atribuye.
Otra de las demandas fue hecha a las diferentes instituciones del Estado, municipalidades e instituciones oficiales autónomas, a las cuales exigieron cumplir fielmente con lo dispuesto en la LAIP a fin de hacer efectivo el derecho humano a la información pública que la Ley atribuye a la población en general.
Las declaraciones se brindaron en conferencia de prensa este 8 de mayo, y en ella FESPAD y Pro-Memoria Histórica hicieron un llamado a las organizaciones sociales y populares a apropiarse de la LAIP como una herramienta legal que les permita obtener del Estado salvadoreño toda la información que históricamente les ha sido negada, para dignificar a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, tanto del pasado como del presente.
