El estudio se realizó con el fin de conocer desde las opiniones y experiencias de los operadores del sector investigación criminal, tanto policiales como fiscales, las prácticas y condiciones en las que se desarrolla dicha actividad. Este objetivo se derivaba de una hipótesis generada en el marco más amplio del proceso de reforma judicial. La hipótesis planteada era que los resultados o efectividad de la investigación criminal en El Salvador estaban directamente relacionados con el desarrollo de procesos institucionales y no necesariamente con dificultades de tipo normativo-procesal.
