El Salvador se encuentra a la espera de la presentación de informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, luego de su visita al país el año recién pasado.
Esta semana FESPAD, en una entrevista televisiva, brindó sus impresiones sobre el documento preliminar dado a conocer por este organismo el 27 de diciembre de 2019.
Para el Director de FESPAD, Saúl Baños, la verificación por parte de este organismo es histórica y significativa, pero lo principal es atender los señalamientos que han hecho, particularmente en materia de seguridad pública: centros penales y el uso de la fuerza por parte de las instancias encargadas de la seguridad.
“Hay llamamientos muy serios y preocupantes para el Estado salvadoreño. Respecto a los centros penales, la comisión dice que hay posibilidades que exista tortura en el país, a eso hay que ponerle atención; otro punto tiene que ver con las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales, la CIDH le dice al Estado que está haciendo un uso indiscriminado del poder punitivo, a eso hay que ponerle atención”, detalló el Director de FESPAD.
Baños agregó que “la misma comisión establece que hay algunos lugares y algunas bartolinas que tienen el 600% de hacinamiento” y a pesar de lo expuesto por la CIDH se está haciendo todo lo contrario para atender el tema.
Información imprecisa
Si bien es cierto, FESPAD saluda la invitación del Gobierno a la CIDH también considera que hay información imprecisa entregada a este organismo por parte del Ejecutivo.
“Han mencionado que son 12 los municipios priorizados, 12 fueron en la primera etapa, ahora son 22. Hay otros elementos que no son tan precisos, por ejemplo, se menciona en el tema de seguridad, las 3 etapas que se han instituido dentro del plan control territorial y se dice que la primera tiene que ver con prevención primaria cuando sabemos que no es cierto, de hecho, la primera (etapa) es la más represiva”, indicó el Director de FESPAD.
A su vez, FESPAD se suma al llamado de la CIDH a las fuerzas armadas de abrir los archivos militares y contribuir al acceso a la justicia para las víctimas del conflicto armado.
Finalmente, Saúl Baños reiteró la necesidad que el Estado brinde una respuesta efectiva al análisis de la CIDH.
“Va a haber un seguimiento, y no es únicamente responsabilidad del gobierno, sino de las instituciones del Estado y de las instituciones independientes a los 3 órganos fundamentales. Todas las instituciones tienen obligatoriedad de darle cumplimiento a lo que mandata la comisión en este informe”, puntualizó.
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