Como parte del proceso que se impulsa para la derogatoria de la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, comúnmente conocida como Decreto 23, el pasado lunes 13 de octubre, representantes de FESPAD junto con miembros del Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra -Movi-Tierra-, sostuvieron una reunión con diputados, diputadas y asesores de la Asamblea Legislativa con el objeto de analizar el sustento jurídico en contraposición a la aplicación y vigencia de la referida Ley.
Dado que en meses pasados, FESPAD ha acompañado legalmente al Sr. Valentín Castillo, residente en la Barra de Santiago, Municipio de Jujutla, departamento de Ahuachapán, quien fue demandado el cuatro de febrero de éste año, por lo que fue sometido a proceso judicial en su contra, aplicándole la referida Ley.
La resolución proveída por el Juez de Paz de Jujutla fue decretar el desalojo al Sr. Castillo junto a su familia. No obstante, haciendo uso de los recursos que la ley establece se interpuso apelación ante la Cámara de la Tercera Sección de Occidente, dando como resultado la revocatoria en contra del fallo emitido por el Juez de Paz. Esto representa un pequeño gran logro a favor de las personas que se encuentran amenazadas con el desalojo de sus hogares.
Ese resultado judicial viene a sentar un precedente, el cual ha sido compartido con los diputados y sus asesores, con el propósito de dar a conocer las argumentaciones que la Cámara dio en este caso para evitar el desalojo. El propósito es que la Asamblea Legislativa tenga elementos argumentativos que les permitan valorar la derogatoria de la Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, con cuya aplicación se está violando los derechos humanos de cientos de personas.
