Con el objetivo de presentar las condiciones en que se encuentra El Salvador en materia de derechos humanos, se presentó una delegación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organizaciones de Estados Americanos (OEA) celebrada en México.
Dicha actividad se realizó en la sesión 152 período extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana derechos humanos celebrada en México, D.F. del 11 al 13 de agosto de 2014.
La audiencia se realizó con el fin de exponer los avances y debilidades en materia de Derechos Humanos en país, tal como son los altos niveles de violencia, la falta de empleo, de salud, el derecho a la comunicación, las transgresiones a la libertad de expresión, los derechos de la mujer, juventud, niñez y la comunidad LGTBI (Lesbianas,Gais,Bisexuales,Transexuales e Intersexuales), al igual las debilidades en los procesos para la elección de autoridades que ocupan cargos en instituciones judiciales y de seguridad pública.
Ante ésta presentación de avances y debilidades se aprovechó para solicitar la intervención de la CIDH ante el Estado salvadoreño para que este cumpla con los convenios y acuerdos internacionales que obligan a garantizar el respeto a los derechos humanos de la población.
Uno de los puntos que se enfatizó fue la clara violación al derecho a las comunicaciones, ya que en el país, los monopolios mediáticos transgreden la calidad, el acceso, y la oportunidad a las comunidades de poder tener medios de comunicación que estén al servicio de los intereses de la mayoría, y no de la gran empresa, así lo explicó el coordinador del programa de transparencia y anticorrupción de la Fundación para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Juan Carlos Sánchez.
Ante dicha denuncia, se realizaron diferentes propuestas, que pretenden garantizar el derecho a la comunicación en el país, tal como realizar una reforma constitucional que permita una protección del derecho humano a la comunicación, así como el compromiso estatal de velar por su desarrollo y consolidación para garantizar una pluralidad.
De igual forma, realizar una reformas estructurales a la actual Ley de Telecomunicaciones. “En el plano legislativo, se debe iniciar una amplia y participativa discusión para elaborar y aprobar un conjunto de profundas reformas a la actual Ley de Telecomunicaciones, especialmente en lo referente a la exclusividad de las empresas comerciales en la explotación de las frecuencias del espectro radioeléctrico, los tiempos de duración y requisitos para la concesión”, así lo aseguró Óscar Pérez, director de la Fundación Comunicándonos y miembro de la Junta Ciudadana para el Derechos a la Comunicación.
Otra de las propuestas planteadas fue que la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), no sólo asuma un rol técnico operativo, sino de autoridad rectora de la radiodifusión nacional.
Además, iniciar la discusión social, política y jurídica para la creación de políticas públicas y un marco jurídico que regule la transición de la tecnología análoga a la digital en la radiodifusión. Este debate y marco jurídico deberá asegurar que la era digital sea una oportunidad para democratizar las comunicaciones y no convertirse en una amenaza, y así superar la concentración mediática.
Por ello, la delegación solicitó a la CIDH pueda acompañar y velar para que el Estado de Derecho prevalezca ante cualquier interés en El Salvador y agilizar mecanismos que permitan que el en país se garanticen los Derechos Humanos como una prioridad.
