En el marco del 149 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Fundación del Debido Proceso, con sede en Washington, Estados Unidos; la Fundación Mirna Mack, de Guatemala; el Instituto de Defensa Legal de Perú; el Centro de Investigación y Docencia Económica de México, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales en Chile; y FESPAD participaron una audiencia temática sobre impunidad de graves violaciones de derechos humanos.
En la audiencia celebrada el 1 de noviembre, las organizaciones presentaron información sobre el rol que han estado jugando las cortes constitucionales y penales respecto del juzgamiento de graves violaciones a derechos humanos y crímenes internacionales dentro de la región, en aplicación de los estándares del sistema interamericano y el derecho internacional, a fin de visibilizar los avances, obstáculos y retos pendientes para los sistemas nacionales de justicia al enfrentar la impunidad.
De manera particular, en la audiencia se abordó a la situación de El Salvador y Perú, aunque se presentó a la Comisión un informe que incluye también información sobre Guatemala, Argentina y Chile.
En el caso Argentina y Chile, sus cortes han logrado sortear mediante su jurisprudencia, obstáculos como las amnistías y la prescripción, y han logrado procesar responsables de graves violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, la condena en Argentina a 50 años del dictador Jorge Videla en julio de 2012. Los obstáculos actuales en esta región son ahora más probatorios por el paso del tiempo.
Perú también ha tenido avances, aunque en ocasiones retrocesos, así en julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia peruana anuló una sentencia contra los ex integrantes del grupo paramilitar Colina, condenados por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, con lo que se les rebajaron las penas. Sin embargo, gracias al conocimiento que tuvo del caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte peruana se vio obligada a anular su sentencia anterior.
En los casos de México, Guatemala y El Salvador todavía subsisten obstáculos basados en leyes de amnistía o de tipo procesal. En Guatemala, no obstante se logró en enero de 2012, la primera condena por genocidio contra un gobernante latinoamericano, como fue el caso de Efrain Rios Montt, días después de emitida la sentencia fue anulada por la Corte Suprema de Justicia.
El Salvador, se encuentra a la zaga de estos avances, ya que no hay ninguna persona procesada por los crímenes del pasado. La Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, decretada en 1993, ha sido un valladar que no han sabido sortear los operadores judiciales, a pesar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado la incompatibilidad entre esta ley y la Convención Americana de Derechos Humanos; y que una sentencia de la Sala de lo Constitucional del año 2000, dejo la posibilidad a los jueces de no aplicar la misma cuando se violarán derechos fundamentales.
Para acceder a más información del tema puede consultar los digestos de jurisprudencia de DPFL, que sistematizan las principales sentencias en la materia en la región, al siguiente enlace:
Digestos jurisprudenciales DPFL
(Crédito de la foto: CIDH/ Fotógrafo Eddie Arrossi)
