Analizar la aplicación de la Ley de Probidad en El Salvador fue uno de los objetivos del foro “De la Ley de Enriquecimiento Ilícito a la Ley de Probidad. Oportunidades, retos y desafíos en el combate a la corrupción”, impulsado por el Programa de Transparencia y Anticorrupción de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
De acuerdo al director de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Rafael Pineda, el proyecto de Ley de Probidad que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa, plantea que toda persona que ocupa un cargo público, incluyendo quienes ya están en el ejercicio de sus funciones, deben presentar una declaratoria de su patrimonio, a fin de transparentar su gestión y evitar casos de enriquecimiento ilícito. El proyecto de Ley de Probidad vendría a sustituir a la actual Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, vigente en El Salvador desde 1959. Según representantes del Programa de Transparencia y Anticorrupción de FESPAD, es imperativo que la sociedad salvadoreña cuente con una norma eficiente e integral, que permita prevenir y castigar aquellas prácticas corruptas que persisten en algunas esferas de la administración pública.
“En El Salvador se tiene la mala imagen que toda persona que ocupa un cargo público se hace rico y acumula patrimonio durante su gestión, de igual forma a utilizan los bienes del Estado a su convencía. Esto no debe de ser práctica común, por el contrario se debe de combatir porque es dinero del pueblo”, aseguró el director de la Sección de Probidad de CSJ.
El proyecto de Ley de Probidad se fundamenta en el artículo 240 de la Constitución de la República en donde se tipifica el enriquecimiento ilícito como el aumento notablemente superior del capital que acumule todo funcionario/a o empelado/a público/a, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella fecha en la que haya cesado sus funciones; esta acumulación debe ser evidentemente superior a la que normalmente hubiera podido obtener, en virtud a los sueldos que hay recibido legalmente.
Asimismo este proyecto de ley aborda de manera más rigurosa y cualificada de lo que actualmente se norma en la legislación vigente, el proceso de presentación de la declaración patrimonial que obligatoriamente debe presentar ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, los/as funcionarios/as y servidores/as públicos/as que manejan recursos estatales, explicó la representante del Programa de Transparencia y Anticorrupción de FESPAD, Loyda Robles.
En el Foro, tanto los expositores como el público asistente, hicieron un llamado para que la ciudadanía y las organizaciones sociales hagan una mayor presión ante el Órgano Legislativo para que inicie el debate y aprobación de este proyecto legal, debido a que se debe exigir una cultura de transparencia en toda la administración pública; la sociedad debe convertirse en un ente fiscalizador para combatir la corrupción e impulsar los procesos públicos de forma transparente.
