En el marco del día Mundial de Hábitat, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho –FESPAD- se pronunció ante la no garantía del Derecho a una Vivienda Adecuada en El Salvador, a pesar de los compromisos internacionales suscritos por el país en esta materia, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2018, el 58 % de las familias salvadoreñas no cuenta con una vivienda o habitan en viviendas de mala calidad, lo que coloca a El Salvador como el quinto país de América Latina y El Caribe con mayor déficit habitacional.
El Coordinador del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de FESPAD, Omar Flores, lamentó que a pesar de los elevados niveles de déficit habitacional no se cuente herramientas de solución para las familias que ven vulnerado su Derecho a una Vivienda Adecuada.
“En este derecho en particular hay grandes deudas del Estado y de instituciones en particular. El Órgano Ejecutivo no cuenta con un plan o una política pública en el marco del Derecho a una Vivienda Adecuada, no cuenta con procesos de participación y de consulta para la construcción de estas políticas. La Asamblea Legislativa no ha regulado y no ha regulado una normativa enfocada a proteger el Derecho a una Vivienda Adecuada y el Hábitat, por lo contrario, ha creado normativa que atenta contra el mencionado derecho, como es el caso del decreto N° 23 -2009 que propicia los desalojos forzados”, señaló Flores.
Muestra de lo anterior es que el lunes 7 de octubre se realizó un proceso de desalojo contra 20 familias asentadas en la Isla Tasajera, ubicada en el municipio de San Luis La Herradura, departamento de La Paz, ordenado por el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, en aplicación al referido Decreto.
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Paradójicamente el desalojo se dio en el marco del Día Mundial del Hábitat, declarado por Naciones Unidas en 1985 y celebrado el primer lunes del mes de octubre de cada año, con el propósito de que los Estados reflexionen sobre la situación de los pueblos, ciudades y sobre el derecho a una vivienda adecuada.
FESPAD condenó el desalojo las familias en la Isla Tasajera, y a su vez exhortó al sistema de justicia a promover procesos resguardando los derechos y garantías fundamentales como el debido proceso, y el derecho de defensa y audiencia.
También hizo un llamado a la Asamblea Legislativa a derogar el Decreto N° 23-2019, que genera desalojos forzados de familias en condiciones de vulnerabilidad; y al Órgano Ejecutivo a presentar planes y políticas en materia de vivienda.
