FESPAD Y LA MPJL PRESENTARON PROPUESTA DE REFORMAS PARA DESCRIMINALIZAR LA PROTESTA PÚBLICA
El día 25 de octubre del corriente año, se entregó a la Asamblea legislativa una pieza de correspondencia solicitando que se reforme el Código Penal y Código Procesal Penal.
El documento fue suscrito por más de 20 organizaciones de trabajadores/as de los sectores municipal, público e independiente, entre sindicatos, asociaciones y federaciones.
La propuesta presentada fue elaborada con el apoyo técnico jurídico del programa DESCA de FESPAD, con el objetivo garantizar el derecho de reunión, asociación, expresión y libertad sindical. Para ello se solicita la derogación del artículo 348 y 348 -A del Código Penal y la reforma del artículo 331 del Código Procesal Penal. Con ello se pretende descriminalizar la protesta pública en El Salvador.
El artículo 348 y 348-A contemplan el delito de desórdenes públicos y desórdenes públicos agravados, cuya pena de prisión puede llegar hasta 8 años. Dichos artículos establecen que es delito obstaculizar una vía pública u ocupar una institución pública. No importa si la finalidad del cierre o la ocupación es reivindicar un derecho, realizar un acto religioso, conmemorar una fecha etc., basta con que las situaciones se den para que se pueda entender cometido el delito.
Por su parte, el artículo 331 del Código Procesal Penal prohíbe otorgar medidas sustitutivas a los/as procesados por ese delito. Esto a pesar de que las estadísticas judiciales demuestran que la mayoría de procesados/as son detenidos injustamente al ejercer otro tipo de derechos como el de reunión.
La iniciativa de las organizaciones sindicales surge en el marco de la detención y encarcelamiento arbitrario por más de dos meses de un directivo del Sindicato de Trabajadores, Trabajadoras del Instituto Salvadoreño del Seguro Social –STISSS-. Ello constituyó una señal de alerta para que las organizaciones sindicales impulsaran la iniciativa.
Los sindicatos han considerado que descriminalizar la protesta pública es de interés de todos los sectores sociales pues con la regulación actual, el delito de desórdenes públicos constituye una herramienta de represión política en contra de cualquier sector, situación que va en detrimento de la constitucionalidad democrática.
