La desaparición forzada de una persona se da cuando, “desaparecen, literalmente, de entre sus seres queridos y de su comunidad cuando agentes estatales o con el consentimiento del Estado, las detienen por la calle o en su casa y después lo niegan o rehúsan decir dónde se encuentran”1.
La desaparición forzada en El Salvador es un problema latente, a pesar que han pasado más de tres décadas de la firma de los Acuerdos de Paz y que actualmente se implementa un Régimen de Excepción, que le ha llevado al gobierno a calificar “el país como el más seguro del hemisferio occidental”.
Para analizar esta situación, Dina Martínez, directora de Acceso a la Justicia, FESPAD, participó en el programa: Un paso a la Inclusión, transmitido por Radio Bálsamo 92.1 FM, espacio en el que explicó que, la desaparición forzada, tuvo un aumento considerable en periodo post guerra.
Puso como ejemplo, el periodo de 2014 a 2019, en el que la Fiscalía General de la República registró más de 20 mil denuncias de personas desaparecidas, de las cuales “no tenemos un dato oficial que dé cuenta de, cuántas personas fueron encontradas con vida o si aún no han sido encontradas”, afirmó.
Sostuvo que la mayoría de los desaparecidos son hombres jóvenes, en edad productiva, sin embargo, señaló que en el caso de las mujeres “se debe hacer el análisis de cuál es el impacto de las desapariciones de mujeres, porque también tienen otra connotación y otros antecedentes”, dijo.
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— FESPAD (@FESPAD_sv) October 1, 2024
Presentamos una solicitud a la @SalaCnalSV para que retome el estudio y resuelva 4 amparos presentados hace más de un año sobre casos de personas desaparecidas. pic.twitter.com/sVtrIf1OAz
Desapariciones en 2024
Martínez explicó que desde el año 2022, “hay una reserva de información pública, no hemos tenido acceso a datos que nos permitan identificar la cantidad de personas que han desaparecido en los últimos dos años y tampoco tenemos información de los casos que se han resuelto o los casos que están siendo investigados, eso complejiza el abordaje que se puede hacer desde las organizaciones”, afirmó.
Frente a esta dificultad, dijo que “muchas veces hacemos monitoreo de prensa, donde algunos funcionarios dan alguna información en sus cuentas”.
Añadió que hay estimaciones que, de 2019 y 2022 se habían registrado “6 mil 443 reportes de personas desaparecidas y se reflejaba que un 37%, al menos no se habían encontrado, el resto de casos se estima que podrían estar activas las investigaciones”.
Además, la FGR “informó que entre enero de 2022 y diciembre de 2023 había recibido 54 denuncias de personas desaparecidas, de este total 40 eran hombres y 14 mujeres”.
Martínez también recordó que “hay un informe que se elaboró con otras organizaciones de sociedad civil en donde se documentaban 327 denuncias de personas desaparecidas hasta marzo de 2022, en el marco del Régimen de Excepción, que es como lo que caracteriza ese periodo”.
El flagelo de la desaparición conlleva “graves violaciones a derechos humanos, no solo de las víctimas, sino de las familias, porque viven un calvario por hacer labores de búsqueda” concluyó.
