Desalojo de vendedores del sector informal en Sensuntepeque

15 mayo, 2013

Denuncia por atropellos a los derechos humanos de los vendedores del sector informal

El pasado 15 de mayo de 2013, en conferencia de prensa, la Asociación Nacional de Trabajadores Independientes, Vendedores Estacionarios y Ambulantes Salvadoreños -ANTRAIVEAS-, con el apoyo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD- , denunció públicamente que los días lunes 26 de abril y 2 de mayo del año en curso, el alcalde del municipio de Sensuntepeque, departamento de Cabañas , acompañado de un amplio contingente de la Policía Nacional Civil -PNC-, miembros del Cuerpo de Agentes Municipales -CAM- y un grupo de activista del partido ARENA procedieron a ejecutar el desalojo de un estimado de 150 vendedores y vendedoras de sus lugares de trabajo, ubicados sobre la 2ª Avenida Sur de ese municipio.

Según los voceros de ANTRAIVEAS, la noche del 26 de abril, representantes de la municipalidad, junto a agentes de la PNC procedieron a destruir sus puestos y mercadería, e incluso alguna de ella fue hurtada; los vendedores al ver el dispositivo policial y el desproporcionado uso de la fuerza que podían emplear en contra de ellos, decidieron retirarse del lugar sin presentar ningún tipo de resistencia. El operativo duró hasta la madrugada del día siguiente, dejando pérdidas económicas que ascienden a más de 35 mil dólares.

El 2 de mayo del corriente año se desarrolla un nuevo altercado: agentes de la PNC junto a agentes del CAM reprimen una vez más a los vendedores que se encontraban a eso de las 11 de la noche cuidando sus puestos de venta; en esta oportunidad, mujeres, menores de edad, adultos mayores y los pocos hombres que se encontraban en el lugar, fueron agredidas física y verbalmente

Omar Flores de FESPAD, señaló en la conferencia de prensa que las acciones desarrolladas por la municipalidad atentan directamente los derechos humanos fundamentales, tales como: el derecho humano a la alimentación adecuada, al trabajo digno y a la garantía constitucional del debido proceso y de forma colateral al derecho humano a la educación, salud y vivienda digna de los vendedores y de su familia.

De igual forma señala que FESPAD a pesar de estar de acuerdo con los reordenamientos que se están desarrollando en los distintos municipios del país, no está de acuerdo en que se sobreponga el reordenamiento a los derechos humanos antes apuntados y hace un llamado a las administraciones municipales a tomar sus decisiones con enfoque de derechos y no sobreponer al mercado o lo estético sobre las personas.

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