Este jueves 24 de mayo la Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL), de la cual FESPAD forma parte, llevó a cabo una conferencia de prensa en la cual se denunció la zozobra en la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras de diversos municipios del país ante la posibilidad de ser despedidos por parte de las nuevas autoridades municipales que asumieron el primero de mayo de este año.
Entre los señalamientos se encuentran los recurrentes despidos en las municipalidades posterior a las elecciones, en la mayoría de casos denunciados, es utilizada la figura de “supresión de plaza o cargo”, ante esto manifestaron que la continuidad de despidos masivos de trabajadores y trabajadoras va en detrimento del fortalecimiento institucional, la democracia y el sistema político de nuestro país.
Ante tales hechos el abogado de FESPAD Moisés Uceda dijo: “Como FESPAD estamos preocupados respecto a la información que se nos está brindando, es recurrente identificar que el recurso 219 de la Constitución respecto a la estabilidad laboral y la Ley de la carrera administrativa municipal en su artículo 50 inciso primero establece que: a pesar que sean empleados públicos existe la estabilidad laboral, y la supresión de plazas debe ser justificada, la Sala de lo Contencioso Administrativo [de la Corte Suprema de Justicia] ha determinado que primeramente debe prevalecer un diagnóstico para la supresión de plazas, hay que ver que en estos momentos han existido violación a los derechos laborales, de los procesos que se deben de seguir según la jurisprudencia, como FESPAD vamos a seguir apoyando a los compañeros con todas las instancias legales y los recursos que sean pertinentes”
En relación a los casos de despidos selectivos, el representante del Sindicato SITRASOYA Antonio Funes, expresó: “En San Sebastián Salitrillo se nos informó que son 150, Jiquilisco igual estamos en el proceso de recopilar información, en Ciudad Delgado se nos informó que hay despidos, en San Pedro son 10 personas, en Opico son 50, en San Martín lo que está sucediendo es lo mismo que en Soyapango, es persecución sindical, acoso laboral y político, no descartamos más despidos porque es algo que se va ir dando gradualmente.
También denunciar lo que está sucediendo con auditoria interna que anda persiguiendo a los trabajadores si pasan ahí o no pasan ahí, ya sea en distintas áreas, como son las áreas operativas, que sólo en el campo pasan, sino están ahí a varios trabajadores se les ha retenido el salario, de esto comentarles que ya hay denuncias, de seguir así van a haber demandas en contra de esos alcaldes y Concejos que están actuando arbitrariamente”.
Durante la conferencia manifestaron que la mayoría de estos trabajadores poseen antigüedad en sus puestos de trabajo, pero que un buen número de estas plazas han sido catalogadas como plazas fantasma,un representante de un sindicato denunció el despido de alrededor de 50 personas a raíz del cambio de administración municipal. El miembro del Concejo Municipal de la Alcaldía de San Juan Opico, Abrahám Lemus, denunció: “ya hay tres reuniones del Concejo Municipal donde han tomado acuerdo del despido de 50 compañeros mujeres, hombres y gente discapacitada”.
Por otra parte la MPJL instó a diversas instituciones del Estado y a partidos políticos a solidarizarse y a velar por el cumplimiento de los derechos de las y los trabajadores vulnerados, al mismo tiempo hizo un llamado a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para que ésta tenga un rol más activo para salvaguardar los derechos laborales de los empleados y empleadas, tanto de las municipalidades, como a nivel general.
Exhortaron también al Presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, Corte de Cuentas de la República, y a la Fiscalía General de la República a realizar, de oficio,las investigaciones pertinentes para sancionar a las y los Alcaldes y Concejos Municipales que ejecuten despidos arbitrarios, así como a evitar las prácticas de nepotismo e infracciones de carácter ético.
Finalmente la MPJL invitó a las y los trabajadores a integrarse a las organizaciones sindicales acordes a su defensa, así como a impulsar medidas legales para que los trabajadores y trabajadoras despedidos sean reincorporados en su lugar de trabajo que constituye una fuente de ingresos y alimentación a ellos y a sus familias.
