Reunidos en la ciudad de Guatemala, en el marco de la presentación de su 10º Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2014-2015, representantes del Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, expresaron su preocupación por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, por la falta de atención a los conflictos sociales que han producido las reformas económicas, políticas y sociales, las que han generando mayores niveles de desigualdad, exclusión y falta de justicia en la región, donde la falta de diálogo, las acciones represivas, el caudillismo, la corrupción, entre otros factores hacen que la región siga siendo considerada como una de las más violentas del mundo.
Centroamérica enfrenta una alza sin precedentes en los niveles de violencia como resultado de las débiles políticas públicas orientadas a satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales de la gran mayoría de la población, priorizando los intereses de sectores económicos. A esto se suma las inadecuadas políticas en materia de seguridad, que no han podido contrarrestar la presencia del crimen organizado y el accionar de las denominadas maras o pandillas, la que además propicia la impunidad y limita el acceso a la justicia. Situación que está generando desplazamientos forzados y migración a lo interno de los países como intrarregional e internacional, registrando sólo en los países del Triángulo Norte aproximadamente 566,800 desplazamientos forzados de personas, afectando en mayor medida a mujeres, jóvenes y a la niñez centroamericana.
Los gobiernos de la región continúan fortaleciendo a instituciones que normativamente no son las responsables de garantizar la seguridad ciudadana, imponiendo la militarización de la sociedad como única solución ante la creciente ola de criminalidad. Sin embargo, lo que se observa es un uso desproporcionado de las fuerzas armadas y la militarización de los territorios para la protección de los intereses de los poderes económicos y políticos, sobre todo en los territorios donde operan las industrias extractivas y/o megaproyectos, estableciendo el “orden” basado en el temor y no en el respeto a las leyes, cometiéndose graves violaciones a los derechos humanos.
Las reformas a marcos jurídicos e institucionales están diseñadas para concentrar el poder político del Estado y fortalecer los intereses de los poderes económicos como una estrategia para perpetuarse en el poder, lo que no sólo debilita el Estado de Derecho, al someter la institucionalidad a un desmantelamiento progresivo y violar el derecho al ejercicio ciudadano.
La criminalización de la protesta social y la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos se ha convertido hoy en día en uno de las situaciones más críticas en materia de derechos humanos, debido al incremento alarmante de las agresiones en contra de estos, incluyendo a los periodistas y medios de comunicación; amenazas, actos de intimidación, restricciones para acceder libremente a fuentes de información, ataques cibernéticos, judicialización, agresiones físicas y la destrucción de equipos de trabajo ha sido una constante de las violaciones del derecho a defender derechos.
Es de suma preocupación, que la violencia ejercida contra los medios de comunicación y periodistas no cesa, todo lo contrario, proliferan leyes, normativas, proyectos y presiones gubernamentales con el fin de controlar el libre flujo informativo, no sólo en los medios tradicionales, sino que también en nuevas plataformas de comunicación alternativa, además de restringir el acceso a la información pública, asignar la publicidad oficial de forma discriminatoria y ejercer mayor concentración de medios en sectores vinculados con los gobiernos.
A pesar de la crisis y conflictos sociales generados por el modelo neo extractivista, los gobiernos de la región continúan consolidándolos cada vez más con la firma de nuevos tratados y acuerdos de libre comercio, además de implementar políticas económicas y reformas tributarias a fin de mantener a cualquier costo las cifras macro-económicas que modifican la estructura jurídica, política y económica de nuestros países, no importando si se pone en riesgo la soberanía nacional o se violan los derechos de nuestros pueblos, particularmente las comunidades indígenas, y el deterioro al medio ambiente.
La libre circulación de la mercancía o del capital planteada por el modelo referido, ha creado sistemas tributarios débiles y con una naturaleza profundamente regresiva que obliga a los Estados a adquirir deuda externa, en muchos de los casos apuntando a ser insostenible; propiciando condiciones para el desarrollo de mega proyectos, instalación de industrias extractivas y monocultivos en la región, creando escenarios de conflictos, violaciones de derechos humanos y dejando en mayor desprotección a los pueblos ante la destrucción del medio ambiente, lo que contribuye a aumentar los efectos del cambio climático.
Los acuerdos políticos generados por los gobiernos de la región con otras potencias económicas, militares y políticas constituyen una modalidad que genera condiciones para crear climas de conflictividad y violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía, la cual es sometida a altos niveles de pobreza y pobreza extrema, obligando a millares de centroamericanos a migrar, entre ellos miles de niños y niñas.
El clima de violencia y la forma de gobernanza que en la práctica concentra el poder en una minoría y un modelo económico que concentra las riquezas en pocas personas, generan graves violaciones a los derechos humanos, impactando drásticamente en grupos en situación de vulnerabilidad (mujeres, adultos mayores, personas LGBTI, personas con discapacidad, pueblos indígenas, afrodescendientes, niñez, adolescencia y juventudes).
Ante este contexto el Equipo Regional demanda a los Estados de la región:
- Cumplir con el marco jurídico nacional e internacional en materia de derechos humanos.
- Asumir la responsabilidad política en función de implementar las recomendaciones emitidas a nuestros Estados, de parte del Comité de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, en el marco del Examen Periódico Universal.
- Crear e implementar políticas y programas públicos que garanticen el respeto y vigencia de los derechos humanos, enfocadas a combatir de manera integral el fenómeno de la violencia. erradicando la discriminación y la exclusión social.
- El cese de la criminalización de la protesta social y la judicialización contra los defensores y defensoras de derechos humanos.
- No hacer uso de las fuerzas armadas y la militarización para ejercer el control social.
- Que los Gobiernos garanticen el respeto al Estado de Derecho, ejerciendo la administración pública con independencia de los poderes del Estado, y erradicando la corrupción, impunidad y en nepotismo.
- Impulsar medidas que permitan modificar el modelo de desarrollo en la región para reducir la brecha de desigualdad, erradicar la pobreza y crear las condiciones para el acceso y goce de los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía.
- Promover la integración de la región para el fortalecimiento en la institucionalidad de los Estados y su coordinación en temas de interés común; evitando la injerencia de potencias mundiales.
Dado en ciudad de Guatemala el día 4 de diciembre de año 2015
Por Guatemala
Grupo de Apoyo Mutuo (GAM)
Por Costa Rica
Iglesia Luterana Costarricense (ILCO)
Por El Salvador
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)
Por Nicaragua
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
Por Panamá
Comisión Nacional de Derechos Humanos de Panamá (CONADEHUPA)
Por Honduras
Centro De Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)
Centro de Desarrollo Humano (CDH)
