MOVITIERRA y FESPAD presentan demanda de amparo ante la CSJ.
El pasado 23 de agosto, miembros y miembras del Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra de El Salvador (MOVI-TIERRA), con el acompañamiento de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), presentaron ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una demanda de Amparo contra la Jueza de Paz del Municipio de Intipucá, Departamento de La Unión, Ingrid Liseth Berrios Castillo y una Solicitud de Interpelación ante la Asamblea Legislativa contra el Director General de la Policía Nacional Civil, por los actos represivos, crueles e inhumanos ejercidos por la Unidad de Manteniendo del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil (PNC) en la ejecución del desalojo forzoso de decenas de familias de la Comunidad Los Ranchos, del mismo municipio, el pasado 18 y 19 de junio del corriente año.
La Comunidad Los Ranchos, está constituida por un número considerable de niñas/os, ancianas/os hombres y mujeres, quienes después del desalojo hasta ahora, habitan en condiciones deplorable a las orillas de la carretera, en completo estado de indefensión y orfandad.
Con la presentación de la demanda, el MOVITIERRA y FESPAD esperan que la Sala de lo Constitucional dé cumplimiento a lo que el Comité de Derechos Económicos de la Organización de las Naciones Unidas ha manifestado en cuanto a que “Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda”
