CSJ admite demanda contra nombramiento de militares

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29 marzo, 2012

Por la defensa de la institucionalidad y la democracia

El día 28 de marzo del corriente año, FESPAD junto a varios ciudadanos y ciudadanas y representantes de otras organizaciones de la sociedad civil, se pronunciaron en torno a la admisión que hiciera, el pasado 26 del corriente, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de la demanda de inconstitucionalidad presentada el 21 de febrero de 2012, en contra de los nombramientos del General David Munguía Payés, como Ministro de Justicia y Seguridad Pública y del General Ramón Salinas Rivera, como Director de la Policía Nacional Civil.

En conferencia de prensa, los firmantes de la demanda, ratificaron su posición en cuanto a que los Acuerdos Ejecutivos números 535 y 30 son violatorios de lo prescrito en el artículo 159 inc. 2o., y 168 ord. 17a. de la Constitución de la República, por mezclar las funciones de seguridad pública y defensa nacional, afectar la independencia de la Policía Nacional Civil (PNC), respecto de la Fuerza Armada, e incumplir con el mandato de que la corporación policial esté bajo la dirección de autoridades civiles. Asimismo, se señaló la importancia de la demanda para el fortalecimiento de la institucionalidad y la democracia en El Salvador.

También se refirieron al trabajo de las actuales autoridades de seguridad pública. Al respecto sostuvieron que no ha existido una baja en el índice delincuencial en los meses que los generales han estado al frente de la seguridad pública y que, si este se ha dado en alguna medida, se debe a la supuesta negociación entre las pandillas, situación que no se ha manejado de manera transparente y que además, no representa una garantía de solución a largo plazo pues no se abordan las causas de la delincuencia.

Por último, los firmantes de la demanda dijeron estar a la espera de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resuelva favorablemente, a efectos de que se siga sentando un precedente en cuanto al respeto del orden constitucional, tal y como la actual Sala lo ha venido realizando.

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