CREE demanda al TSE cancelar a partidos PDC y PCN
En el marco de la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el pasado 29 de abril, relativa a la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N°. 586 que permitió salvar de la desaparición a dos partidos políticos que no alcanzaron el mínimo de votos requeridos por ley en las elecciones presidenciales de 2004, la Coalición para la Reforma Política y Electoral (CREE) -en la que se integra FESPAD-, demandó en conferencia de prensa, al Tribunal Supremo Electoral (TSE), cumplir con el mandato de la sentencia y proceder a cancelar a los partidos Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Conciliación Nacional (PCN).
En la conferencia, los organismos aglutinados en CREE exigieron al TSE no dilatar el proceso de cancelación de los partidos, pues de hacerlo, esa institución colegiada será cómplice del irrespeto al sistema Constitucional salvadoreño exponiéndose a un proceso de antejuicio por incumplimiento a mandato judicial.
En abril del 2005 FESPAD, a través de sus abogados, presentó a la CSJ una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 586, vigente desde el año 2005, estableciendo entre sus peticiones, se declarara la violación a los artículos 185, 86, 21 y 1 inciso primero de la Constitución de la República, por violentar el principio de legalidad, el principio de irretroactividad de las leyes y el de seguridad jurídica, pues la vigencia del decreto mencionado fue posterior a las elecciones del 2004.
Seis años después de presentada la demanda, la Sala de lo Constitucional resolvió, declarando inconstitucional el inciso 2° del artículo 1 del Decreto 586, por trasladar sus efectos a las elecciones presidenciales de marzo de 2004, instituyéndose en una regulación con efectos retroactivos y por considerar que el hecho de exonerar las consecuencias generadas del evento electoral no constituyen materia de orden público.
Bajo esta línea, CREE es de la idea que “el decreto legislativo n° 586 emitido el 19 de enero de 2005, fue una autentica burla contra la ciudadanía y el sistema Constitucional salvadoreño, ya que pretendía impedir la aplicación de la ley a los partidos políticos y coaliciones que obtuvieron una votación menor al mínimo establecido en ese momento por el Código Electoral (3% para partidos y 6% para coaliciones) en las elecciones presidenciales de marzo del 2004”.
En las elecciones presidenciales de 2004, los partidos PCN y PDC no alcanzaron el porcentaje mínimo establecido en la legislación que regulaba el evento electoral; en consecuencia, esos partidos debían desaparecer de la vida política nacional a través de un proceso de cancelación que debió iniciar el TSE, no obstante eso no ocurrió pues la Asamblea Legislativa aprobó el decreto 586, al cual se ampararon los partidos para seguir vigentes en la vida política partidaria del país.
