Posición de organizaciones sociales y de Derechos Humanos ante fallo de inconstitucionalidad.
El pasado jueves 23 de mayo, en conferencia de prensa desarrollada en las instalaciones de FESPAD, un grupo de representantes de organizaciones sociales de derechos humanos hicieron pública su postura ante el fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucionales los Acuerdos Ejecutivos números 535 y 30, respectivamente, mediante los cuales se nombró al general David Munguía Payés al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y al general Ramón Salinas como Director de la Policía Nacional Civil. Como es sabido, el pasado viernes 17 de mayo de 2013, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucionales, de un modo general y obligatorio, los Acuerdos Ejecutivos en mención. Ante tales circunstancias, los distintos representantes de las organizaciones que brindaron la conferencia consideraron que con la declaratoria de inconstitucionalidad 4-2012 la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, se restablece el orden constitucional que había sido transgredido mediante esos Acuerdos.
Manifestaron que desde que se inició con la implantación de los llamados Grupos de Tarea Conjunta, en el país se dio inicio al proceso de remilitarizacion, tendencia que se ha profundizado en los últimos años. Los distintos gobiernos que se han sucedido desde los Acuerdos de Paz la han venido justificando bajo distintos argumentos, pero principalmente porque según ellos existe un alto nivel de criminalidad que ha superado la poca cantidad y capacidad de policías para controlarlo; así es como se ha hecho creer que el ejército, por su eficiencia, es necesario para el combate a la delincuencia y el crimen organizado. También reiteraron que con este fallo, la Sala de lo Constitucional, hizo uso de su inherente potestad del control constitucional, y que resolvió apegada a Derecho, y que con ello contribuye al fortalecimiento del incipiente camino hacia la institucionalidad, condición necesaria para conducir al país hacia una verdadera democratización. Así mismo consideraron que la Sala ha hecho que recobre sentido lo establecido en el Informe de la Comisión de la Verdad, cuando ha dicho que “la desmilitarización de la policía es un gran paso de avance en El Salvador”.
Por último expresaron que esperarían que los logros que se han tenido hasta el momento con el proceso de la tregua, se mantengan y se profundicen a partir de una política institucional de Seguridad Pública, trascendiendo de una peligrosa y temporal tregua, hacia un proceso de construcción de paz, todo en correcta aplicación de la Constitución, Tratados Internacionales, la Ley Penitenciaria y la efectiva participación ciudadana. Las organizaciones que participaron en la conferencia de prensa fueron: Concertación Monseñor Romero, Comisión Pro Memoria Histórica, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD-, Unidad Ecológica Salvadoreña -UNES-, Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer -IMU-, y la Mesa Consultiva de Género de Mejicanos.
