Sin independencia del Órgano Judicial no hay Estado de Derecho, que es una condición indispensable para la plena vigencia de los derechos fundamentales de la población. Siendo un deber y una necesidad el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, este día la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho –FESPAD-, con el apoyo de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), a través del proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho en el Triángulo Norte de América Central; presenta la investigación denominada “Propuestas para fortalecer la independencia e integridad judicial en el Triángulo Norte de Centroamérica”.
El estudio fue realizado durante los primeros 4 meses del 2021 y tiene como objetivo identificar avances, obstáculos y desafíos en materia de independencia e integridad judicial, con la intención de plantear propuestas puntuales para fortalecer el Estado de Derecho en Guatemala, Honduras y El Salvador.
La coordinación para la realización del estudio ha sido responsabilidad de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), tanto en el componente que corresponde a El Salvador, como en la coordinación de los estudios realizados en Guatemala y Honduras, bajo la responsabilidad del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) y Contracorriente, medio de investigación periodística, respectivamente.
La metodología que se utilizó implicó la realización de entrevistas y grupos focales en los tres países. En el caso del El Salvador se desarrollaron 30 entrevistas a profesionales del derecho, periodistas, académicos y de organizaciones de sociedad civil que litigan casos de violaciones a derechos humanos ante el sistema judicial, incluyendo funcionariado de alto nivel de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de la Asamblea Legislativa, del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), el vicepresidente de la República y un fiscal auxiliar.La investigación pone de relieve las debilidades institucionales en los tres países para avanzar hacia órganos judiciales independientes que efectivamente garanticen el acceso a la justicia, en condiciones de igualdad, y eviten arbitrariedades en contra de la población. Se revela la necesidad de eliminar la injerencia de otros órganos y de poderes fácticos en las decisiones y los procesos de elección y destitución de miembros de altas cortes y de tribunales ordinarios.
De esta forma, el documento identifica obstáculos y amenazas a la independencia e integridad judicial, y presenta propuestas generales para la región del Triángulo Norte, así como específicas para cada uno de los países que la componen. Finalmente, se concluye en la necesidad de crear espacios de interacción o intercambio entre el Órgano Judicial, otros órganos del Estado y la sociedad civil, con la finalidad de fortalecer el Estado de Derecho, a través del apego a la legalidad, a la división de poderes y la construcción de sistemas de justicia basados en el respeto y la garantía de los derechos humanos.
San Salvador, 7 de julio de 2021
