En el marco de la visita in situ que realizará al país el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que tiene como objetivo continuar con la evaluación mutua del marco institucional y el marco legal implementado en El Salvador a fin de prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes expresan al grupo de personas evaluadores del GAFILAT lo siguiente:
- Que apoyamos plenamente los objetivos del Grupo de Acción Financiera Internacional y respaldamos el enfoque basado de riesgo que constituye el núcleo de las evaluaciones del GAFI; y en este espíritu, acompañamos las medidas gubernamentales que contrarresten los riesgos del uso indebido de las OSFL para la financiación del terrorismo o el lavado de dinero de forma eficaz, selectiva y proporcionada, en línea con los estándares del GAFI. Independientemente de evaluaciones de organismos internacionales y/o multinacionales, el Estado está en la obligación de adoptar medidas de todo tipo para el combate del financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.
- Que la correcta aplicación de la Recomendación 8 del GAFI tiene como condición una evaluación de riesgo del sector de OSFL a fin de garantizar que las medidas establecidas sean específicas y proporcionadas al tipo de riesgo identificado, logrando así el objetivo de prevención, sin perjudicar el logro de los legítimos objetivos de las organizaciones. Es de advertir que se están discutiendo reformas a la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva que podrían elevar riesgos a las OSFL por la discrecionalidad que se otorga a un funcionario (Fiscal General) -en el proyecto divulgado-, para incluir e imponer obligaciones a las que no están sujetas en la ley.
- Que lamentablemente las OSFL locales no hemos sido convocadas, ni han participado en el proceso de evaluación de riesgo que debe realizar el Estado con lo cual no se cumple con la Recomendación 8 referida, que plantea una participación representativa de la sociedad civil.
- Que esta evaluación mutua representa una oportunidad para que El Salvador pueda revisar su normativa vigente e implementar adecuadamente las distintas recomendaciones, particularmente la Recomendación 8 y su nota interpretativa. Así también debe de servir para mantener en evaluación a El Salvador, ya que actualmente, dada la poca participación de los sectores obligados y la falta de evaluación basada en riesgo, el actuar del Estado no se sujeta a los estándares del GAFI.
- Por todo lo expuesto, manifestamos a ese equipo evaluador el interés en opinar sobre la implementación de la Recomendación 8 a nuestro sector, así como la disposición de compartir un informe construido a partir del análisis de la percepción y experiencia práctica de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) salvadoreñas participantes, para evaluar y entender los actuales desafíos que enfrentan las OSFL en esta materia.
San Salvador, 17 de enero de 2024.
