La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 9 de diciembre como el “Día Internacional contra la Corrupción”, con el objetivo de concientizar acerca de la importancia de prevenir y combatir este fenómeno que afecta el desarrollo de los países y de sus ciudadanos.
El 2022 ha sido un año de múltiples desafíos para la consolidación de la democracia, la transparencia y la lucha contra la corrupción en El Salvador. Precisamente, en enero de este año, Transparencia Internacional lo catalogó como un país a observar, debido a algunas acciones tomadas durante el 2021, que comprometieron la garantía de los derechos fundamentales. Algunos hechos que se resaltan son: 1) la persecución de voces críticas, 2) la restricción de los derechos civiles y políticos, 3) los graves retrocesos en el derecho de acceso a la información pública y la opacidad en el uso de los fondos públicos, 4) la inclusión de varios funcionarios actuales y anteriores en la Lista Engel de los Estados Unidos de América, a quienes se les acusa de haber cometido actos de corrupción, y 5) las acciones que socavan la independencia de las instituciones del Estado, especialmente las del sector justicia.
La falta de separación de poderes ha sido una constante en los últimos meses. Por un lado, es preocupante la desnaturalización de la función legislativa, la cual se ha caracterizado por el abuso de la dispensa de trámite y la ausencia de debate técnico y democrático, su labor se ha limitado a aprobar iniciativas del Ejecutivo sin mayor discusión. Esto ha dado lugar a contar con normativa que vulnera el derecho de asociación y el espacio cívico, así como a la exclusión del deber de aplicar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) en las compras del Estado, que puede dar lugar al incumplimiento de los principios de transparencia, publicidad, eficiencia, etc. Adicionalmente, se han aprobado reformas en materia penal y de telecomunicaciones que ponen en riesgo el derecho a la libertad de expresión y de opinión. Cada vez son más los ataques y amenazas a las voces críticas que piensan diferente y que exigen que se garantice el derecho de acceso a la información pública.
Por otro lado, los procesos de elección de los funcionarios de las instituciones de control han sido poco transparentes y carentes de mecanismos técnicos y objetivos que permitan seleccionar los mejores perfiles. Esto se traduce en el nombramiento de personas que no gozan de independencia e imparcialidad y, por lo tanto, en instituciones débiles, que no velan por los derechos de los ciudadanos, que no cumplen su función contralora y que se limitan a seguir directrices de la Presidencia de la República.
Uno de los más graves retrocesos en la protección de los derechos humanos ha ocurrido en el marco del Régimen de Excepción y sus correspondientes prórrogas. Desde marzo de este año, miles de personas han sufrido vulneraciones a sus derechos y libertades, así como de ausencia de procesos judiciales conforme con la Constitución y las leyes. Adicionalmente, es preocupante que no haya suficiente información sobre las estrategias y planes que se están llevando a cabo, datos sobre personas detenidas y rendición de cuentas de los fondos que están siendo utilizados. No debe olvidarse que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido al derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental, que debe ser garantizado de manera eficaz especialmente en situaciones de emergencia.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que, en casos extremos y de carácter excepcional, en los que se suspenden ciertos derechos, es indispensable que se cumplan los criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad. Lo anterior es de vital importancia para evitar que algunas medidas, como los estados de excepción, ocasionen vulneraciones a los derechos humanos, falta de información o espacios para el cometimiento de actos de corrupción.
La situación en El Salvador es tan crítica que, en noviembre de 2022, la CIDH expresó su “preocupación por la persistencia de detenciones masivas y presuntamente arbitrarias, y el incumplimiento de las garantías judiciales […]”. Hizo hincapié en la necesidad de llevar a cabo acciones que garanticen la seguridad ciudadana y los derechos de las personas, tal como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros estándares internacionales. El combate a la criminalidad no debe ser excusa para minar las libertades básicas de los ciudadanos.
A las puertas de un año preelectoral, es sumamente preocupante el debilitamiento marcado de la democracia, de la independencia de poderes y de la transparencia. La opacidad y los abusos de poder solo traen consecuencias negativas para el desarrollo del país y ponen en riesgo la vida de las personas.
Por lo tanto, las organizaciones abajo firmantes hacemos un llamado urgente:
- A los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de El Salvador, a actuar de manera democrática y transparente, a respetar la libertad de opinión, de expresión y el espacio cívico, y a cesar los ataques contra los sectores que piensan diferente.
- Al Ministerio Público y demás instituciones de control, a asumir su rol de manera independiente, apegados a derecho y en beneficio de la población, así como a ser verdaderos contrapesos frente a los abusos de poder.
- A la comunidad internacional, a estar vigilante de los retrocesos democráticos en El Salvador, que ponen en riesgo la garantía de los derechos de las personas.
- A los ciudadanos salvadoreños, residentes en el país y en el exterior, a defender sus derechos y a exigir que los gobernantes rindan cuentas y combatan efectivamente la corrupción.
La lucha contra la corrupción y la transparencia contribuyen a la construcción de un país democrático y a las condiciones para que sus ciudadanos tengan una vida digna y acceso a mejores oportunidades.
San Salvador, 5 de diciembre de 202
