Este día se ha conocido el pliego de propuestas de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) presentadas a la Asamblea Legislativa por el presidente de la República Nayib Bukele, por medio del ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial. Las mismas constituyen significativos retrocesos en la materia, propician mayor opacidad estatal y evidencian la falta de compromiso por parte del actual gobierno, con la transparencia pública y el combate a la corrupción.
En términos generales el paquete de reformas hace referencia a aspectos como: a) Clasificar como reservada la información oficiosa; b) Extensión de los plazos de respuesta ante solicitudes de información (de 10 a 20 días hábiles); c) Otorgar voto calificado al presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), a pesar de ser el instituto un ente colegiado; d) Incluir como información reservada las declaraciones patrimoniales de funcionarios y empleados públicos (aunque ya hay una ley especial que regula esto); e) Impedir que sectores de sociedad civil presenten candidatos y candidatas a comisionados/as del IAIP.
Las reformas contrarían en primer lugar, el principio de máxima publicidad, contemplado en el artículo 4, literal a) de la Ley de Acceso a la Información Pública, el cual expresa que “la información en poder de los entes obligados es pública y su difusión irrestricta…”. En segundo lugar, el principio de disponibilidad, consignado en el literal b) del mismo artículo, que establece que “la información pública debe estar al alcance de los particulares”.
Desde la llegada del actual gobierno, el derecho de acceso a la información pública y su institución rectora, el IAIP, mantienen un marcado debilitamiento en detrimento de la población, el cual se ve reflejado en decisiones como suspender las grabaciones de sesiones del pleno de comisionados/as; la remoción de comisionadas y personal del IAIP que son incómodas por no plegarse al oficialismo; o la cuestionada elección de funcionarios del IAIP que responden a intereses de la agenda oficial; entre otras. Las reformas propuestas, constituyen nuevas acciones tendentes a desactivar el control que desde el Instituto se puede ejercer a la función pública, además de limitar y afectar un derecho fundamental como lo es el derecho de acceso a la información pública considerado como una llave para el goce de otros derechos humanos.
Estas acciones de reforma eran previsibles en cuanto a que el tema de la transparencia constituye una debilidad del gobierno; por lo que se ven urgidos por cerrar toda posibilidad de acceso a información pública para que no se siga cuestionando la forma en que se gestiona la administración pública, y se señale a los supuestos responsables.
El presidente de la República cada vez más se aleja de la promesa que hiciera a inicios de su mandato en cuanto a no permitir actos de corrupción en su gobierno. Las reformas a la LAIP presentadas este día son de tal magnitud y profundidad que prácticamente esta Ley, así como toda la institucionalidad que la implementa, pierde todo su valor. Ahora, se impondrá la oscuridad en la función pública y se abre la posibilidad para más y mayores actos de corrupción, sin que exista posibilidad alguna para que sociedad civil ejerza contraloría ciudadana. La mesa está servida.
San Salvador, 13 de julio de 2021
