Como Alianza Nacional contra la Privatización del Agua expresamos nuestra preocupación frente a los cambios políticos más recientes en El Salvador, entre ellos
la propuesta de Reformas a la Constitución de El Salvador. Tras la elaboración de la propuesta, por parte del equipo Ad Hoc, consideramos:
● El documento aborda tópicos con implicaciones prácticas en la vida política, derechos humanos e institucionalidad del Estado, de manera general.
● Que en el documento existen diferentes propuestas de reforma que no solucionan la grave situación de derechos humanos de la población, en algunos casos se plantean de forma simbólica el reconocimiento de algunos derechos, en otras se genera una regresión de los derechos, y en lo político e institucional una concentración del poder.
● Muchos de las modificaciones planteadas podrían desarrollarse en las leyes secundarias de forma inmediata y no esperar todo un proceso de reforma constitucional para que se hagan efectivos.
● En cuanto a lo referente al derecho humano al agua, la propuesta de reforma desconoce uno de los problemas más graves y apremiantes de las y los salvadoreños, así como la lucha que diferentes organizaciones han venido realizando por más de 10 años para promover una reforma en el Art 1 y 69 de la Constitución; No incorpora el saneamiento del agua, abandonando el enfoque de derechos; y generaría mayor dilación en vista que no se ratificaría la propuesta que ya ha sido aprobada por la composición Legislativa anterior. Otra de las acciones realizadas por la Asamblea Legislativa, a nivel ambiental, es la ampliación de la industria cañera, metiendo mano a la legislación que las mismas comisiones enviaron a archivo meses atrás. Ahora, los diputados/as quieren
manipular también un proceso de formación de ley para beneficio de esta industria. Cabe mencionar que el sector azucarero ha sido, por décadas, uno de másbeneficiados del país, y a la vez uno de los más contaminantes de nuestra madre tierra con su monocultivo.
El área actual de caña supera las 100,000 manzanas; y es posible que sea superior en la medida que no se conocen adecuadamente las áreas sembradas directamente por los ingenios. La Asociación Azucarera de El Salvador (AAES) alcanzó una producción de caña de azúcar de entre 6.6 y 7 millones de toneladas métricas en la zafra 2020/2021. En la zafra anterior se logró una producción nacional de 7 millones de toneladas métricas.
Aunado a eso, las secuelas de esta producción voraz y extractivista han impactado en el agua al destilar veneno en los cuerpos de nuestros/as campesinas. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en los alimentos y específicamente en la forma en cómo se cultivan, producen, consumen, transportan, almacenan y comercializan, se
encuentra la conexión fundamental entre las personas y el agua.
Es entonces imprescindible colocar la mirada sobre la agricultura y el proceso de transformación en el que se encuentra para alcanzar la sustentabilidad y la soberanía alimentaria. Asimismo, la agricultura desempeña un papel fundamental en la lucha contra los efectos negativos del cambio climático que tanto afectan a la sociedad: siempre y cuando se efectúen de manera agroecológica.
Sabiendo las acciones que realizan de desviar los cauces naturales de los ríos, dejando sin agua para consumo humano a la población aledaña a los cultivos de este. Afectan no solo el consumo del vital líquido sino también la salud de las personas, provocando directamente insuficiencias renales crónicas condenándoles indiscriminadamente a la muerte.
En el panorama medioambiental también se encuentra la entrada en vigor de la Ley Bitcoin, que autoriza al Bitcoin como moneda de curso legal en el país y el ofrecimiento hecho por el presidente Nayib Bukele de promover la Energía Geotérmica para la Minería de Bitcoin, como “Energía Limpia”.
Estudios realizados por investigadores de todo el mundo, nos dicen, categóricamente, que la ‘minería’ informática necesaria para crear bitcoins genera un descomunal consumo de electricidad, que se traduce en la emisión de cientos de millones de toneladas de gases de efecto invernadero (GEI), genera impactos ambientales negativos en las comunidades cercanas donde la limpieza de
los pozos geotérmicos afecta la cantidad y calidad del agua de los acuíferos, y el daño en la biodiversidad al perforar nuevos pozos.
Por lo tanto, exigimos:
I. Que el Gobierno se abstenga de promover reformas a la Constitución de la República en vista de que van en detrimento de determinados derechos fundamentales y aspectos democráticos positivos de la forma política de gobierno. Además, existen condiciones para que, de forma inmediata, se reconozca y desarrollen una gama de derechos por medio de la legislación secundaria.
II. Que la Asamblea Legislativa RATIFIQUE la reforma Constitucional del art. 2 y 69 de la Constitución que aprobara la composición legislativa anterior.
III. Que le Comisión Ad Hoc de la Asamblea Legislativa que estudia la Ley General de Recursos Hídricos, retome los aportes dados por las diferentes organizaciones sociales, academia, sistemas de agua, pueblos originarios tendientes a proteger y garantizar el derecho humano al agua y saneamiento.
IV. Frenar esa iniciativa de minar criptomonedas en el país, ya que los impactos directos no son aceptables y esta energía eléctrica producida no será para reducir la brecha de desigualdad en cuanto al acceso de las familias históricamente empobrecidas si no para beneficiar empresas extranjeras que buscan desarrollar una industria inviable en El Salvador.
“Sin agua, no hay futuro”
¡Por una gestión pública y participativa!
¡El agua no se vende, se cuida y se defiende!
San Salvador, 8 de septiembre de 202
