El presidente de la República declaró ayer que no acatará las disposiciones emitidas por la Sala de lo Constitucional en seguimiento a la medida cautelar del habeas corpus número 148-2020, en la que el máximo intérprete de la Constitución prohibió expresamente a toda autoridad privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento a las personas que incumplan la cuarentena domiciliar, mientras la Asamblea Legislativa no emita una ley formal en la que se establezca dicha medida con todos los requisitos establecidos por ese tribunal. Debe enfatizarse que en la citada resolución la Sala de lo Constitucional no ha prohibido la medida sanitaria para enfrentar la emergencia por el Covid-19, pero sí la lesión de derechos por actos o medidas que la ley no ha autorizado.
Ante la gravedad de estos hechos, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación ante el desacato a las decisiones judiciales por parte del presidente y la continuada violación a los derechos ciudadanos. Como bien recuerda la Sala de lo Constitucional, sus decisiones “no son peticiones, solicitudes ni meras opiniones sujetas a la interpretación o valoración discrecional de las autoridades a quienes se dirigen, sino que se trata de órdenes de obligatorio e inmediato cumplimiento”. Al pretender ejercer como su último interprete, el presidente viola la Constitución y trastoca los valores democráticos que tanta sangre han costado a los salvadoreños.
Por todo lo anterior, hacemos un llamado:
- Al presidente de la República, para que cese en su desafío a la justicia constitucional y la reiterada violación de los derechos de los salvadoreños y cumpla sin dilaciones o insostenibles justificaciones los mandatos constitucionales bajo los que debe ejercer su cargo.
- A las autoridades y servidores públicos del Órgano Ejecutivo, para que tengan en cuenta que de conformidad con la Constitución pueden incurrir en responsabilidad personal por los daños que causaren por violación de los derechos constitucionales.
- A la Asamblea Legislativa, para que ejerza con decisión sus atribuciones constitucionales de control y deliberación y apruebe un marco legal para enfrentar la crisis sanitaria que sea respetuoso de los principios y derechos de nuestra Constitución y que cumpla fielmente la jurisprudencia constitucional.
- A la Fiscalía General de la República, para que cumpla con firmeza su rol constitucional de defensa de la legalidad y de los intereses de la sociedad y del Estado e inicie las indagaciones y demás acciones conducentes a deducir responsabilidad de los funcionarios que desobedezcan la Constitución y los mandatos judiciales.
- A la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para que continúe ejerciendo su atribución constitucional de velar por el respeto y la garantía a los derechos humanos de todos los salvadoreños (art. 194).
- A todos los salvadoreños, para que estemos atentos y exijamos que la emergencia por el Covid-19 se enfrente en el más estricto cumplimiento de la Constitución y nuestros derechos, pilares de nuestra aún joven democracia.
Esta crisis solo se puede vencer entre todos y en el marco de la Constitución. La salud y la vida en democracia de los salvadoreños están simultáneamente en juego y no son de ninguna manera excluyentes.
