Como organizaciones sociales, ambientalistas, de juventudes, de mujeres y de derechos humanos expresamos nuestra postura preliminar ante la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros presentada en la Asamblea Legislativa el recién pasado 9 de noviembre, a iniciativa del Órgano Ejecutivo:
- El Estado salvadoreño debe ser garante de la satisfacción de todos los derechos humanos de toda la población; de nuestra parte, desde la firma de los acuerdos de paz, como organizaciones hemos trabajado con las distintas administraciones gubernamentales, cumpliendo con todas las obligaciones legales -tanto de registro, como tributarias, entre otras- para nuestro funcionamiento. Junto a la cooperación solidaria hemos contribuido a mejorar las condiciones de la población, especialmente entre los amplios sectores en situación de vulnerabilidad y en momentos críticos como la reconstrucción post guerra y terremotos, el huracán Mitch, sequías, impactos negativos de la pandemia por Covid-19; también hemos sido quienes empujamos los temas de justicia con igualdad y equidad de género, entre otros.
- Hemos realizado labores de contraloría social a dichas administraciones. Algunas veces hemos incomodado; pero aun en el lento proceso de democratización del país la tolerancia con relación a nuestra labor estuvo presente y se mantuvo, al grado de que el núcleo de derechos fundamentales como los de reunión, organización, expresión y pensamiento no estuvo en mayor riesgo. Los espacios de participación cívica que logramos abrir y mantener, son resultado de muchos años de lucha social y de ninguna forma una concesión de Gobierno alguno.
- Hemos sido quienes exigimos a los distintos gobiernos -incluido el actual- una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad; además, hemos abogado por la adopción de normativas adecuadas, el funcionamiento de una institucionalidad confiable y el desarrollo de una cultura de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Asimismo, hemos sido organizaciones abiertas al escrutinio de las entidades estatales y de nuestros donantes, así como a la auditoría social. Los recursos que manejamos son auditados por nuestros donantes y por instancias públicas. Además, esta iniciativa de ley tiene un alto componente de injusticia fiscal porque pretende imponer el 40% a organizaciones que contribuimos con causas justas; pero contrariamente, a la inversión mercantil, lejos de ponerles impuestos les dan incentivos fiscales.
Ante lo anterior manifestamos:
- Vemos como positiva toda acción encaminada al impulso de prácticas transparentes, intolerantes frente a la corrupción y la impunidad ya sea en el ámbito privado como en lo público. Sin embargo, creemos que la propuesta de ley presentada tiene el propósito de limitar selectivamente la actividad de algunas organizaciones no gubernamentales y fundaciones incómodas al oficialismo. Nos parece incoherente que el discurso que se usa para sostener esta iniciativa legal sea la transparencia, cuando el actual Gobierno en la práctica ha cerrado mecanismos de transparencia y declarado en reserva por varios años el acceso a información sobre gastos e inversión pública.
- Por ser el contenido del proyecto de ley muy confuso, ambiguo y abierto a cualquier interpretación, además de otorgar facultades reglamentarias amplias, se corre el riesgo de que la aplicación de la misma sea discrecional y arbitraria.
- El eventual cierre de espacios de participación cívica constituirá nuevas formas de vulneración de la libertad de asociación y de expresión, tan necesarias en un Gobierno que se precie y se dice democrático. Pero principalmente, éste debe tomar en cuenta que la afectación será para las numerosas personas beneficiarias o destinatarias del trabajo que las entidades sin fines de lucro realizamos con fondos de la cooperación solidaria.
- Apoyamos todo esfuerzo que luche frontalmente contra cualquier acto de corrupción e impunidad, sea quien sea su responsable; a éste se le debe aplicar todo el peso de la ley, respetando la Constitución, los derechos humanos, el principio de inocencia y el debido proceso. Es necesario que el Gobierno sea respetuoso al disenso, promueva el diálogo y la participación ciudadana. La responsabilidad de la construcción de una cultura de paz es de todos y todas, pero especialmente de los gobernantes.
San Salvador, 12 de noviembre de 2021
