El pasado 22 de abril se conmemoró un año más el Día Mundial de la Madre Tierra, el cual tiene como propósito la concientización del acelerado deterioro ambiental que sufre nuestro planeta ante factores producto de la intervención humana en el ciclo de la naturaleza como el cambio climático, la deforestación, la producción excesiva de plásticos de un solo uso, la impermeabilización de los suelos y su cambio de uso para fines económicos, la sobre explotación de las cuencas y aguas subterráneas, la minería metálica y en general toda la industria extractivista, entre otras problemáticas que provocan la destrucción de nuestra biodiversidad.
Es evidente el deterioro ecosistémico que nuestro país atraviesa, el cual tiene su principal origen en la permisibilidad ambiental por parte de las autoridades, las cuales se justifican en la generación del desarrollo económico para el país ante lo cual, paradójicamente la población afectada con dicha permisibilidad constantemente expresa no haber gozado de una mejoría en su calidad de vida, por el contrario, manifiestan un detrimento de sus derechos fundamentales como el derecho humano al agua y al saneamiento a largo plazo, ejemplo de ello, los emblemáticos casos donde se ha registrado conflictividad social como: Proyecto Ciudad Valle El Ángel, la destrucción de Tacuscalco y el Río Ceniza, el estrés hídrico en la cuenca Sensunapán a causa de las siete represas hidroeléctricas, y la reciente criminalización de los defensores del agua en la Hacienda La Labor en Ahuachapán.
La aprobada Ley General de Recursos Hídricos debe ser mejorada en muchos aspectos en vista de que la conflictividad social que se ha generado a la fecha no se eliminará o se verá reducida con la entrada en vigencia en julio del corriente año. Sumado a las deficiencias mencionadas, cabe mencionar que tampoco existe una propuesta de Reglamento para esta ley.
Con las restricciones a los derechos fundamentales en el marco de la implementación de los regímenes de excepción y la amplia discrecionalidad que tienen las autoridades implementadoras de los mismos se potencian las amenazas a las personas que defienden el derecho humano al agua agravando el riesgo de ser víctima de una captura arbitraria.
Preocupa que no se adopten herramientas orientadas a proteger la labor de las personas defensoras del derecho humano al agua como el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como acuerdo de ESCAZÚ, el cual no ha sido suscrito y ratificado, mismo que contiene un apartado sobre la protección a las personas defensoras del derecho humano al agua.
En este marco, FESPAD desea resaltar el rol de las personas que ejercen la importante labor de la defensa del medio ambiente y en particular del Derecho Humano al Agua. Desde siempre han desarrollado su labor en un ambiente hostil, enfrentándose a diversos riesgos, uno de ellos, el de la criminalización por defender los bienes comunes indispensables para el goce de una vida digna.
Por lo anterior, es determinante que el país adopte las medidas necesarias para la creación de mecanismos de protección para las personas defensoras del medio ambiente como, la aprobación del acuerdo del Acuerdo de Escazú; la aprobación de una ley secundaria que promueva y defienda los derechos de las personas que defienden derechos; y además de ello, que los gobernantes modifiquen la visión de estrategia de desarrollo del país, ya que la adoptada en la actualidad genera escenarios de conflictividad y coloca en una condición de vulnerabilidad a las personas defensoras del derecho humano al agua.
San Salvador, 28 de abril de 2022.
