Las organizaciones Azul Originario, el Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica (AMATE), Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y el Servicio Social Pasionista (SSPAS) presentan el Informe anual sobre violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco del estado de excepción en El Salvador, que es el resultado de la homologación de casos atendidos por estas organizaciones durante los últimos 12 meses.
Este 27 de marzo de 2023 se cumple un año de vigencia de un estado de excepción que suspendió una serie de derechos y garantías constitucionales y que ha derivado en un patrón de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado salvadoreño. Esta medida se ha prorrogado sucesivamente, volviendo normal lo que debería ser excepcional, aun cuando ya no persisten las condiciones que dieron origen a esta respuesta gubernamental.
Las organizaciones firmantes registraron un total de 4,723 casos de violaciones de derechos humanos. AMATE documentó un total de 44 casos, con un número equivalente a víctimas directas pertenecientes a la población LGBTIQ+, entre ellos/as/es personas trans, no binaries y queer; Cristosal reportó 3,260 casos, los cuales constituyen un total de 3,385 víctimas directas; FESPAD contabilizó 208 casos, con un total de 297 personas afectadas de manera directa; el Idhuca documentó un total de 677 casos, los cuales engloban un total de 821 víctimas directas; la Red de Defensoras atendió 32 casos, con un total de 33 víctimas directas y el SSPAS registró un total de 187 casos con un número equiparable de víctimas directas reportadas. En total se registran 5,082 víctimas directas de presuntas violaciones a derechos humanos1.
La población afectada se encuentra conformada en su mayoría por personas adultas y jóvenes, constituyendo el 93% del total de víctimas. Aunado a esto, los datos reflejan que el 2% del total corresponde al grupo en condiciones de vulnerabilidad de niñez y adolescencia víctima de violaciones a derechos humanos. La identidad de género de las víctimas corresponde en un 83.55% al género masculino y el 14.62% al género femenino.
Los departamentos registrados que poseen una mayor cantidad de vulneraciones ha sido San Salvador, con un total de 1,897 víctimas; seguido por La Libertad, con 566; Sonsonate, con un total de 462; Usulután, con 388; Santa Ana, con 357; y, Ahuachapán con un total de 280 víctimas. Sin embargo, el régimen ha sido un fenómeno que ha ido en detrimento del respeto a los derechos humanos a lo largo de todo el territorio nacional, contando con registros en todos los departamentos.
El hecho violatorio que ha caracterizado al estado de excepción ha sido la detención arbitraria, el cual predomina en un 95% de las denuncias documentadas por las organizaciones. Este hecho vulnerador no puede verse aislado, pues en gran medida, las denuncias reflejan que ha estado acompañado de otras violaciones a derechos humanos como el allanamiento de morada, las amenazas, el acoso policial, malos tratos, tratos crueles inhumanos o degradantes, tortura, limitación ilegal a la libre circulación, intimidación, falta al debido proceso, hechos de violencia sexual, entre otras afectaciones que establecen escenarios que dan pauta al desplazamiento forzado interno.
Asimismo, se contabiliza un total de 111 muertes de personas privadas de libertad, sin que a la fecha existan investigaciones independientes a través de las cuales se determinen las responsabilidades penales que individualicen a los responsables de dichas muertes.
Dentro de las instituciones señaladas como responsables de los hechos violatorios ocurridos durante el régimen de excepción se encuentra en un primer lugar la Policía Nacional Civil (PNC), con un 74% de presencia en las denuncias recibidas, seguida por acciones conjuntas entre la PNC y la Fuerza Armada, con un 16%; luego la Fuerza Armada de manera individual con un 6% y el 3% los hechos violatorios fueron atribuidos a otros actores estatales.
Además de las denuncias de violaciones a derechos humanos documentadas, las organizaciones firmantes también expresan su preocupación por la situación de personas privadas de libertad en el marco del estado de excepción. Hasta la fecha, se calcula un total de 101,558 personas privadas de libertad (PPL), contando con una capacidad instalada para solo 69,363, lo cual ha generado una tasa de PPL de 2,303 por cada 100 mil personas adultas, conformando un 2% de la población total del país y convirtiendo a El Salvador en el país con la tasa más alta en el mundo.
Como organizaciones de derechos humanos hacemos un llamado al Estado salvadoreño para que dé fiel cumplimiento a sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos, que brinde un abordaje integral, diferenciado y oportuno a las víctimas pertenecientes a grupos y colectivos en condiciones de vulnerabilidad; que garantice el acceso a la salud de las personas privadas de libertad, así como también que investigue diligentemente las muertes de estas al interior de centros penitenciarios; que dé cumplimiento al debido proceso y se derogue el estado de excepción y se reforme el cuerpo normativo correspondiente para la adecuada aplicación de estándares internacionales de los cuales es firmante. Hacemos un llamado especial al Estado salvadoreño para que investigue, repare y restituya los derechos de las personas afectadas injustamente, garantizando la no repetición de estos hechos.
San Salvador, 27 de marzo de 2023.
- Aunque se ha consolidado la cantidad de casos y víctimas registradas por las organizaciones, puede que las denuncias se hayan realizado en más de una de las organizaciones.
