La Fiscalía General de la República -FGR- continuará con el rumbo y dinámica que ha tenido desde mayo de 2021. Las probabilidades de que algo distinto ocurra son nulas, solo dos personas se inscribieron para ser considerados para el cargo, incluyendo al actual Fiscal General.
En esas circunstancias el proceso de elección que llevará a cabo la Asamblea Legislativa no tiene ninguna trascendencia. A ello hay que sumar que no se ha anunciado ninguna alteración a la dinámica de elección de funcionarios de segundo grado que viene realizando el Órgano Legislativo: no se definen criterios de ponderación y tampoco hay participación ciudadana.
Dos cosas sí son relevantes del proceso de designación que se está llevando a cabo. Ambas debieran ser de preocupación para los actores políticos y la sociedad en su conjunto.
En primero lugar, la nula participación de los profesionales del derecho para optar al cargo. De las más de 38 mil personas abogadas que existen en El Salvador solo dos decidieron someterse al proceso convocado por la Asamblea Legislativa para ocupar la institución encargada de velar por los intereses de la sociedad y el Estado.
En segundo lugar, el desperdicio de un momento político oportuno para evaluar a la FGR. La ausencia de interés y competencia para optar a ese cargo se traduce en la pérdida del momento oportuno para que la sociedad evalué el trabajo de la entidad que debe garantizar el acceso a la justicia de la población salvadoreña, lo cual pasa por revisar los resultados concretos, las relaciones inter institucionales y la situación de seguridad del país.
Aspectos fundamentales sobre la FGR pueden pasar desapercibidos en un proceso sin contienda y sin criterios claros de elección, por ejemplo, que en los últimos tres años la cantidad de fiscales apenas pasó de 1271 a 1380, a pesar de que en ese mismo periodo se cometieron 288 166 delitos que dejaron a 300 656 víctimas. El periodo en que menos delitos reporta la Fiscalía es 2022-2023, con 88 936: ¿Qué calidad de investigaciones pueden garantizar la FGR en esas condiciones?
Otro aspecto que pudiera pasar desapercibido es la falta de apoyo presupuestario al trabajo de la FGR por parte de la Asamblea Legislativa: en los últimos tres años no ha otorgado el presupuesto solicitado por dicha institución. En 2021 la Asamblea Legislativa redujo en 39 millones el presupuesto solicitado por la FGR, en 2022 en 41 millones, en 2023 en 87 millones, y en 2024 en 57 millones.
El nivel de efectividad de la FGR a la hora de realizar investigaciones es otro aspecto clave que puede quedar fuera de discusión ante la falta de debate sobre el trabajo de dicha entidad. En el periodo 2021-2022 solo el 40.51% de los casos pasaron de instrucción a juicio, en 2022-2023 el 52%, y en 2023-2024 el 54%.
Los casos que de instrucción no pasan a juicio solo pueden significar dos cosas igualmente graves: inocentes que fueron procesados sin que hubiera elementos para ello o culpables que fueron puestos en libertad por la debilidad de las investigaciones.
Otro aspecto relevante en el debate por el rumbo de la FGR debiera ser la manera en que las acciones en materia de seguridad deben contribuir a la reducción de otros indicadores de violencia distintos al homicidio. Los más de 288 mil delitos de los últimos tres años dan cuenta de la persistencia de la violencia cuya atención requiere el esfuerzo coordinado de las instituciones, sobre todo, en materia de prevención.
Es difícil pensar que el proceso que lleva a cabo la Asamblea Legislativa para nombrar al nuevo titular de la FGR pueda servir para debatir e identificar líneas de trabajo para estos y otros temas relevantes del trabajo de esa institución. Las circunstancias de esa designación debieran ser un elemento de profunda reflexión para los actores políticos y la sociedad en su conjunto, propiamente, debería considerarse una señalar de alarma.
“Nuestra lucha es por la dignidad de las personas”
San Salvador, 17 de diciembre de 2024.
