La reciente escalada en el nivel de violencia física y verbal contra periodistas revela la voluntad del actual gobierno de terminar con la independencia y libertad en cualquier medio de comunicación que mantenga una postura crítica. Las agresiones físicas y las acciones que menoscaban el acceso a la información pública son una afrenta contra la libertad de prensa.
Mientras se exaltan los valores de libertad e independencia patria, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registra, al 30 de agosto, un total de 173 agresiones contra periodistas. La cifra es sustancialmente mayor a lo reportado durante todo 2020, cuando se registraron 125 vulneraciones.
Las agresiones físicas contra periodistas, como las ocurridas el pasado 20 de agosto contra dos periodistas en el mercado San Miguelito, muestran los altos niveles de intolerancia dentro de la Policía Nacional Civil y desnaturalizan la función apolítica y de servicio ciudadano de la corporación.
La Mesa de Protección a Periodistas exige a la dirección de la PNC no fomentar la impunidad con su silencio y demanda a la Inspectoría de Seguridad Pública iniciar una investigación seria y ejemplarizante.
A estos graves incidentes se suma la política de opacidad implementada desde la Asamblea Legislativa -un Órgano que cedió su autonomía a Casa Presidencial- que limita el trabajo periodístico: la Asamblea no solo ha puesto un cerco para evitar que la bancada oficialista sea cuestionada por la prensa; también ha tratado de ocultar información que debería ser del conocimiento público.
En las recientes semanas, diversas publicaciones periodísticas dieron a conocer la decisión de la Asamblea oficialista de ocultar información sobre gastos de viajes, contrataciones, presupuesto de los partidos y compras, entre otros. Esta medida, además de ilegal, supone un enorme retroceso al acceso a la información que pertenece a la ciudadanía, una limitación al trabajo periodístico y un paso más al autoritarismo dictado desde Casa Presidencial.
Las revelaciones periodísticas y la indignación ciudadana motivaron a que la Asamblea Legislativa -aparentemente- diera marcha atrás a su decisión de ocultar información. La respuesta del presidente legislativo, en lugar de aceptar su yerro, fue atacar a los medios de comunicación, un discurso de odio que pretende confundir a la población sobre la naturaleza del trabajo periodístico: el periodismo fiscaliza al poder y sus excesos. Los funcionarios públicos no pueden ni deben esquivar su obligación de rendir cuentas.
La Mesa de Protección a Periodistas, consciente de la vocación manipuladora de quienes ahora conducen el Estado, se mantendrá vigilante de que esta información de enorme interés, especialmente ahora que el Instituto de Acceso a la Información Pública es un accesorio, pueda ser conocida por la población.
Desde la Asamblea Legislativa llegan cada día más atentados contra los derechos fundamentales. Al inconstitucional decreto que pretende apartar a los jueces que no son adeptos al régimen -un hecho condenable y que atenta contra la independencia judicial-, los diputados han sumado su intención de coaccionar al quehacer periodístico.
En declaraciones recientes, el diputado de Nuevas Ideas Jorge Castro sugirió la necesidad de nueva legislación para controlar el trabajo periodístico. Esto, después de la publicación de una documentada investigación periodística que dejó al descubierto el pacto entre la administración Bukele con las tres principales pandillas del país. Es grave que una publicación de este tipo, que es de interés público y que atenta contra la burbuja de propaganda estatal, tenga como respuesta un intento de control y censura. “Esta es una manera irresponsable de hacer periodismo, a eso están acostumbrados este tipo de periódicos. Pero yo firmemente creo que este tipo de periodismo debería tener responsabilidades”, dijo Castro en esa ocasión.
La Mesa de Protección a Periodista muestra su preocupación por estas declaraciones que pueden traducirse en un renovado intento de aprobación de una “ley mordaza”, que inhiba a los periodistas de hacer investigaciones incómodas e incluso con consecuencias penales por revelar la verdad. En un contexto donde no existen garantías legales, con una policía que practica detenciones arbitrarias y con una Asamblea que responde a los caprichos presidenciales, la alternativa es la denuncia y el rechazo ciudadano de cualquier práctica que favorezca el autoritarismo. El silencio no puede ser opción.
No puede haber libertad en un clima de opacidad y censura, no puede fortalecerse una democracia sin funcionarios que no den cuenta a sus ciudadanos, o que teman a la labor periodística.
La imposición del discurso único, de un ejercicio acrítico del periodismo y de la violencia como única respuesta, no es la vía por la que El Salvador pueda transitar hacia un mejor futuro.
San Salvador, 2 de septiembre de 2021.
También puede descargar el comunicado aquí: https://bit.ly/3yGNppC
