El 28 de mayo presentamos el Sistema de Monitoreo de Libertades Cívicas (SMLC), una herramienta enfocada en registrar, sistematizar y denunciar las condiciones que afectan el espacio cívico en El Salvador y los marcos normativos que limitan los derechos humanos.
En el periodo entre enero y agosto del presente año, este Sistema de Monitoreo registró 73 casos de violaciones al espacio cívico. De estos, 36 corresponden a la Libertad de Expresión, representando el 49.3% del total. Mientras que 28 casos están relacionados con la Libertad de Asociación (38.4%) y 9 casos a la Libertad de Reunión Pacífica (12.3%).
Durante estos primeros ocho meses del monitoreo, el número de casos relacionados con la Libertad de Expresión subraya la necesidad de continuar vigilando y promoviendo el respeto a las libertades cívicas, así como garantizar que se cumplan los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Las personas periodistas y los medios de comunicación han sido particularmente afectadas, constituyendo el 42.5% de los perfiles más impactados. Uno de los casos en los que se evidencian ataques es en relación con la investigación del periódico “El Faro” sobre un esquema irregular de compra de leche, donde al menos el presidente Nayib Bukele y otros funcionarios emitieron discursos estigmatizantes, acusando al medio de manipulación y difamación.
En el caso de las organizaciones defensoras de derechos humanos, continuamos enfrentando discursos estigmatizantes por parte de funcionarios públicos o personas afines al actual gobierno.
Hemos identificado que entre los agresores se encuentran funcionarios públicos, quienes representan el 38.4% del total de los agresores identificados. Además, durante las manifestaciones se documentaron retenes vehiculares realizados por agentes de la PNC y de tránsito, lo que genera preocupaciones en torno a las libertades cívicas.
La garantía del espacio cívico implica permitir la participación de la sociedad civil en la defensa de sus derechos, contribuir a la construcción de políticas públicas y ejercer control sobre las decisiones de los poderes públicos.
Instamos al Estado salvadoreño a revisar los casos reportados en los informes, con el objetivo de impulsar acciones que garanticen un entorno seguro y propicio para que todas las organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos puedan realizar sus actividades y contribuir al desarrollo del país en todos los ámbitos.
“Nuestra lucha es por la dignidad de las personas”
San Salvador, 23 de octubre de 2024.
