La Mesa contra la Impunidad en El Salvador y el Grupo Gestor por una Ley Integral de Reparaciones, ante las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República aprobadas el 31 de agosto de 2021 por la Asamblea Legislativa, EXPONEMOS:
RECHAZAMOS las reformas a estas leyes porque implican un golpe mortal a la independencia judicial. Su aplicación expulsará masivamente a aproximadamente un tercio de los actuales jueces, juezas y fiscales de carrera que hayan cumplido 60 años o tengan más de 30 años de servicio. Esta decisión legislativa, violenta la Constitución, los tratados internacionales ratificados y los derechos humanos, tanto de las personas que serán arbitrariamente destituidas, como de miles de víctimas que ahora verán en riesgo su derecho a una tutela judicial efectiva y a que sus recursos sean ventilados por un juez natural e imparcial.
DEPLORAMOS que se utilice un falso discurso de lucha contra la corrupción para consolidar el golpe de Estado a la justicia que se inició el 1 de mayo pasado, cuando se impuso de forma inconstitucional a los miembros de la actual Sala de lo Constitucional que no reúnen los requisitos mínimos de méritos, cualificaciones profesionales y credenciales de independencia judicial. La corrupción se combate mediante investigaciones serias y juicios imparciales, caso por caso, y no persiguiendo a mansalva jueces, juezas y fiscales, mediante el discriminatorio y estigmatizante criterio de la edad mayor a 60 años, lesivo de la dignidad humana.
La expulsión masiva de jueces y juezas también afectará a las víctimas del conflicto armado en los casos reabiertos a partir de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, de julio de 2016. Muchos casos saldrán afectados con estas reformas, siendo el más conocido el de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, en donde fueron asesinadas cerca de mil personas civiles, la mayoría niños y niñas, por tropas del BIRI Atlacatl en 1981. En ese caso, el juez Jorge Guzmán, quien lo instruye, podría ser expulsado de su cargo a causa de la reforma, por lo que la decisión de la Asamblea Legislativa favorecerá con impunidad a los perpetradores de la masacre.
El juez Jorge Guzmán ha instruido el caso de El Mozote por cinco años, desde que ordenó la reapertura; ha cumplido con la ley procesal penal ordenando diligencias de investigación que incluyeron la entrega de archivos militares, así como la inspección de tales archivos en diferentes unidades militares, las cuales fueron bloqueadas ilícitamente por orden del presidente Nayib Bukele y su ministro de la Defensa, Francis Merino; orden ilegal que fue reportada por el juez a la Fiscalía General, entidad que ahora también está bajo el control del presidente Bukele. El caso de la masacre de El Mozote es el primero de los casos del conflicto armado que está por ser elevado a su etapa plenaria y de sentencia, con evidente y robusta prueba de cargo contra los militares procesados, que incluyen al máximo jefe de la Fuerza Armada en aquella época, el ex ministro de defensa Guillermo García. Por tal razón, podemos presumir que uno de los objetivos del decreto legislativo que reformó estas leyes, es la expulsión de jueces, juezas y fiscales para paralizar casos contra criminales de guerra que son procesados en las pocas causas
reabiertas hasta hoy, como el de la masacre de El Mozote.
Otro de los casos afectados será el de la ejecución extrajudicial de 4 periodistas holandeses, perpetrado por el BIRI Atonal de la Fuerza Armada que recientemente fue judicializado por los representantes de las víctimas ante la Jueza de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, quien sería expulsada con el decreto de reformas, lo que implicaría un atraso adicional en la búsqueda de la verdad y justicia en este caso, aumentando así el estado de impunidad en el país.
Todo esto, con el agravante que reformas aprobadas constituyen una abierta transgresión a los artículos 133 ordinal 3° y 186 inciso 4° de la Constitución, pues no se promovieron por iniciativa del Órgano Judicial y atenta contra la estabilidad en los cargos de la carrera judicial; además, violentan los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura de la ONU. Sobre este punto, retomamos el llamado que se hizo ayer al Estado salvadoreño: “La Comisión Interamericana y el Relator Especial de la ONU urgen al Estado a asegurar que la jubilación anticipada constituya un derecho de las personas operadoras de justicia y no una imposición, en respeto a las garantías de estabilidad y permanencia en el cargo con la cual deben contar como aspecto fundamental a su independencia y derecho de acceso a la justicia de las personas bajo su jurisdicción.
”(Disponible en: https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/234.asp)
Debido a estos graves sucesos, que suponen el fin de la independencia judicial y, con ello, del Estado de Derecho en El Salvador, EXIGIMOS:
a) A la Asamblea Legislativa, desistir del golpe de Estado a la justicia y derogar las reformas aprobadas a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la FGR.
b) Al presidente de la República, Nayib Bukele, vetar por inconstitucionales las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General, porque son violatorias de los derechos humanos.
c) A la Corte Suprema de Justicia, declarar inaplicable las reformas y abstenerse de consumar las arbitrarias destituciones de jueces y juezas, entre ellos, quienes han reabierto casos de justicia
transicional y han actuado en apego a la ley, como ocurre con el Juez de Instrucción de San Francisco Gotera y la Jueza de Primera Instancia de Dulce Nombre de María.
d) Al Fiscal General de la República, igualmente, abstenerse de aplicar los procedimientos de separación de fiscales auxiliares por las inconstitucionales reformas a la Ley Orgánica de la FGR y darle trámite a la denuncia por prevaricación presentada contra los ex magistrado Argueta y Bolaños quienes, en contra de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, dieron legitimidad al sobreseimiento de los acusados de la masacre de los jesuitas y sus colaboradoras.
San Salvador, a los ocho días del mes de septiembre de 2021
