El Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas en El Salvador (GTPD), lanzó el “Registro Ciudadano de Personas Desaparecidas. El Salvador”, que tiene como objetivo que organizaciones sociales, así como familiares y amistades que desconocen el paradero de una persona, cuenten con una herramienta que favorezca su búsqueda.
Además, pretende ser un espacio virtual que genere datos estadísticos que abonen a la creación de propuestas de políticas públicas o programas de prevención, tratamiento y erradicación de este dramático flagelo. Esta presentación pública se llevó a cabo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En el período de enero a septiembre de 2023, los avisos por desaparición de personas incrementaron 9.9% en relación con mismo periodo de 20221. En el último informe de Labores, la Fiscalía General de la República reportó 366 delitos de privación de libertad, entre el 1 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024, sin detallar la situación de las víctimas, o si fueron encontradas con o sin vida2.
De acuerdo con el informe más reciente de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD): “Situación de la desaparición de Personas en El Salvador y la respuesta del Estado en la gestión gubernamental 2019 y 2022”, se estima que se registraron alrededor de 6,443 reportes de personas desaparecidas, de las cuales un 37.20% no han sido encontradas3.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), desde enero de 2022 hasta diciembre de 2023, recibió 54 denuncias de desaparición forzada de personas. De ellas, 40 corresponden a hombres (74.07%) y 14 a mujeres (25.93%). Asimismo, las organizaciones de derechos humanos documentaron 327 denuncias de desaparición forzada, desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 20224.
La mayor cantidad de las desapariciones que ocurrieron luego de los Acuerdos de Paz son conferidas a las pandillas.
Con la aplicación del régimen de excepción, el fenómeno de las desapariciones continúa vigente, trayendo múltiples consecuencias a las familias, que siguen sufriendo de amenazas, desplazamientos forzados internos, extorsiones, afectaciones a su salud física y emocional, y a su economía.
Ante la falta de legislación especializada, procesos eficientes y otras garantías integrales de protección, atención o participación activa en las investigaciones, estas familias se ven obligadas a cargar con tareas de búsqueda que son competencia y responsabilidad del Estado.
Hasta la fecha, El Salvador no cuenta con un registro único de personas desaparecidas, que permita homologar las cifras reportadas en la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, Instituto de Medicina Legal, y otras instancias del Estado. Aunado a ello, desde marzo de 2022, se declaró como reservada5 toda la información referente a estadísticas de personas desaparecidas y cementerios clandestinos, es decir que ni la ciudadanía ni las organizaciones de sociedad civil, tienen acceso a la información que permita estudiar causas y consecuencias de esta problemática, para buscar y generar soluciones basadas en evidencia.
De acuerdo con el estudio sobre normas y procesos de búsqueda de personas desaparecidas: “La ruta crítica de las mujeres que buscan a sus personas desaparecidas”, la falta de registros oficiales sistemáticos, integrados y confiables, junto a la indolencia de los gobiernos para reconocer y enfrentar la gravedad y complejidad de este atroz crimen, no permiten contar con una estimación certera de las víctimas, las familias y comunidades afectadas6.
El uso de herramientas digitales es fundamental para la socialización, difusión y concientización sobre la problemática, y brinda el respaldo informativo para la captación y procesamiento de información que permita apoyar a las familias y contribuir a sus casos.
En este sentido, es primordial disponer de un registro ciudadano de personas desaparecidas en formato digital, robusto y seguro, que admita el ingreso, procesamiento y publicación de información, cumpliendo con los enfoques de derechos humanos, acción sin daño, interseccionalidad y de género, colocando al centro las necesidades y voluntades de cada persona.
Las organizaciones de derechos humanos reiteran su firme compromiso con las víctimas de desaparición y con sus familiares que les buscan, acompañándoles en sus esfuerzos por promover el acceso a la justicia, sin perder de vista que es el Estado el que tiene esta responsabilidad. Seguirán elevando sus voces para obtener verdad, justicia y reparación integral.
#Hasta Encontrarles
San Salvador, 21 de agosto de 2024
- https://infosegura.org/el-salvador
- La Prensa Gráfica, versión impresa del 7 de agosto de 2024, página 2
- https://www.fespad.org.sv/situacion-de-la-desaparicion-de-personas-en-el-salvador-2019-2022/
- informe_al_grupo_de_trabajo_de_onu_sobre_desapariciones_forzadas_e_involuntarias_wgeid_sobre_el_salvador.pdf (dplf.org)
- https://portaldetransparencia.fgr.gob.sv/documentos/INDICE%20DE%20INFORMACION%20RESERVADA.pdf
- Estudio-sobre-desapariciones-mujeres-ESA.pdf (ormusa.org)
