La Mesa Contra la Impunidad de El Salvador (MECIES), ante el discurso oficial de negación de los Acuerdos de Paz y ataques públicos de desprestigio contra personas defensoras y organizaciones de derechos humanos, EXPRESA:
Reivindicamos el legado histórico de los Acuerdos de Paz, que aspiraron al respeto de los derechos humanos, a la democratización y a una verdadera reconciliación del país.
Rechazamos el discurso negacionista que promueve el órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa de los Acuerdos de Paz y que buscan instrumentalizar la memoria de las víctimas para atacar a sus adversario políticos. Este discurso es una manipulación propagandística e instala una narrativa que solo representa un atropello más para las miles de familias que sufrieron graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de la guerra.
Los Acuerdos de Paz trajeron el desmontaje de estructuras de la Fuerza Armada y de los cuerpos de seguridad que ejercían el terrorismo de Estado; desmovilizaron las organizaciones armadas del FMLN; promovieron reformas de gran relevancia en el sistema de justicia y el sistema electoral, sentando las bases para una construcción democrática. También establecieron como propósito el fin de la impunidad y crearon una Comisión de la Verdad que recomendó aplicar justicia ante los crímenes de guerra, reparaciones integrales y sostenimiento de las reformas democráticas.
Si la impunidad prevaleció sobre los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, fue porque los gobernantes de turno–tanto los anteriores como los actuales–, han protegido a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad y desaceleraron el impulso por establecer un sistema de justicia íntegro y responsable que diera una respuesta integral a las víctimas.
Es una contradicción que se derogue el decreto que conmemora los Acuerdos de Paz cada 16 de enero, y que se sustituya por un decreto que supuestamente reconoce a las víctimas del conflicto, sin que estas y las organizaciones que las representan hayan sido consultadas; y sin que esta acción se acompañe con otras medidas de verdad, justicia, reparación, memoria y medidas de no repetición de esos atroces hechos.
El decreto legislativo aprobado recientemente está vacío de significado y no puede tener un efecto reparador si la misma Asamblea Legislativa ha ignorado el clamor de las madres y familiares de personas desaparecidas y asesinadas políticas, quienes cada año han insistido en demandar la declaración de cada 30 de agosto como el “Día Nacional de la Dignidad de las Personas Desaparecidas”. Tampoco tiene efecto reparador si, durante las últimas semanas, representantes de la Asamblea Legislativa han realizado ataques públicos para desprestigiar a víctimas y personas defensoras de derechos humanos que integran la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, así como a las autoridades de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”.
Carece de efecto reparador un decreto que se acompaña de la exclusión de varias asociaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos en los procesos de adopción de medidas de justicia transicional que les afecta. Se destaca la exclusión en el proceso de elaboración de una Ley de Justicia Transicional, en el que además han sido estigmatizadas por integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, compuesta en su mayoría por miembros del grupo parlamentario de Nuevas Ideas.
Con el agravante de que, esta misma Comisión legislativa no da paso al estudio del proyecto de Ley de Justicia Transicional que la MECIES y diversas Asociaciones de víctimas y organizaciones de DDHH hemos presentado desde el pasado 7 de octubre de 2021.
Igualmente, el decreto adolece de efecto reparador, si el mismo presidente de la República y su ministro de la Defensa siguen bloqueando el acceso a los archivos militares históricos y de otra información pública relevante para el esclarecimiento de los hechos y se juzgue a las personas responsables de tales crímenes.
Demandamos que toda medida que se adopte en materia de justicia transicional se dé amplia participación a las víctimas y las organizaciones que las representan. Exigimos que cese la instrumentalización del tema de justicia transicional por funcionarios de Estado, con el único fin de obtener réditos políticos en su imagen o desacreditar adversarios, pues tal manipulación riñe con la ética y revictimiza a quienes sufrieron los crímenes de la guerra.
No puede haber justicia si el gobierno sigue ignorando a las víctimas del conflicto armado.
San Salvador, a los 20 días del mes de enero de 2022
