A 5 años de la prohibición de la minería metálica
La lucha social contra las empresas mineras, no terminó con la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador aquel histórico 29 de marzo de 2017, fue apenas un paso para frenar el extractivismo en el país, es necesario elevar la prohibición a rango constitucinal y avanzar contra la minería transfronteriza.
Después de 5 años de la legislación, continúa vigente la defensa por el derecho humano al agua, del derecho humano a un ambiente sano, limpio y sostenible, principalmente por la contaminación que siguen generando las minas en abandono, resultado de las actividades de exploración y explotación de oro y plata que se desarrollaron en el pasado.
Las empresas mineras saquearon los bienes minerales del subsuelo salvadoreño, durante poco más de un siglo sin asumir ninguna responsabilidad por los impactos negativos ocasionados con sus actividades; una responsabilidad que hoy debe asumir el Estado a pesar que las explotaciones fueron autorizadas y realizadas en el pasado. Así operan este tipo de industrias extractivas, se aprovechan de los bienes naturales asegurando que desarrollan sus actividades con responsabilidad y armonía con el ambiente, pero los pasivos ambientales mineros que todavía existen en el país son una prueba irrefutable que su único interés es la explotación, dejando a los países como El Salvador una estela de destrucción de ecosistemas que no se recuperan así transcurran varias décadas.
La Ley de Prohibición de la Minería Metálica, en su Artículo 5 establece que es el Ministerio de Economía- MINEC la autoridad competente para aplicar las disposiciones contempladas en esta normativa, sin embargo, a 5 años de vigencia de la prohibición los avances no son significativos si se toma en cuenta que se trata de 15 pasivos mineros ambientales o minas en abandono que deben tener un cierre técnico correcto y adecuado, que contribuyan a frenar la contaminación del agua que están provocando, además de otros riesgos que representan para los cultivos de alimentos, la ganadería y la seguridad física de las personas que residen en sus contornos.
El Ministerio de Economía, según el Artículo 6 de la Ley, debe coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales MARN para realizar los procesos de remediación ambiental en las comunidades afectadas por la exploración y explotación de minas, con el objetivo de “devolverle a la población las condiciones de un ambiente sano”. En 5 años que han transcurrido, los gobiernos en turno no han dado cumplimiento a este mandato, más allá de un proyecto que se ejecutó a finales del año 2021 en el río San Sebastián y río Santa Rosa, ambos ubicados en Santa Rosa de Lima, La Unión, no se tiene más información de los resultados obtenidos.
A lo anterior, hay que agregar que en el presupuesto del MARN y del Ministerio de Economía para el presente año, no se contempla ninguna asignación presupuestaria para hacer los cierres técnicos de las minas, los procesos de remediación ambiental en los 15 pasivos ambientales mineros que el MINEC determinó posterior a la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. Otros puntos que siguen pendientes corresponden con el Artículo 2 relacionado a la prohibición de la minería artesanal.
Para este aspecto en específico, la Ley de Prohibición de la Minería Metálica ordenaba al Ministerio de Economía prohibir la minería artesanal en el 2019, y crear las condiciones idóneas para las familias que subsistían de este oficio, en su mayoría se tratan de familias que residen en el Cantón San Sebastián, Santa Rosa de Lima, La Unión. A la fecha, no se conocen programas estatales para atender a esta población, tal como lo exige la Ley.
Implementar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica sigue siendo una deuda de los gobiernos en turno, mientras la contaminación del agua avanza hacia importantes cuencas hidrográficas, lo que debería ser una problemática urgente de resolver para el Estado salvadoreño. Pero lejos de eso, hay señales de alerta que preocupan a las comunidades y a las organizaciones sociales que conforman la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador al no cumplir con esta legislación e impulsar acciones gubernamentales que buscan revertir la prohibición de esta industria en el país.
En mayo del 2021, el Estado salvadoreño se incorpora como miembro del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible- IGF, una institución financiada por el gobierno canadiense, principal país interesado en la explotación de oro y plata. El gobierno salvadoreño encarga a IGF un diagnóstico para evaluar los potenciales para la explotación de la minería no metálica.
A finales de octubre del mismo año, la Asamblea Legislativa aprueba la Ley para la creación de la nueva Dirección de Energía, Minas e Hidrocarburos, con un contenido ambiguo en el que no se deja claro a qué tipo de explotación minera se refieren, generando más preocupación de que se esté buscando maneras de revertir la prohibición de la minería metálica.
Por último, la noche del 22 de diciembre del año pasado, el órgano legislativo aprobó la Ley General de Recursos Hídricos, la cual da más ventajas a las empresas que hacen negocio con la explotación del agua a costa de la sed de las grandes mayorías. Cabe mencionar, que las empresas mineras ocupan grandes cantidades de agua para sus procesos de extracción de minerales como el oro y la plata, que luego dejan contaminada para las comunidades. La Ley General de Recursos Hídricos, que entra en vigencia en junio próximo, no debe priorizar el uso privado con fines mercantiles sobre el uso público para satisfacer el consumo humano doméstico.
La defensa del derecho humano al agua, se mantiene como el principal objetivo de la lucha social del pueblo salvadoreño en contra de empresas extractivas, tanto en lo nacional como en las zonas transfronterizas. Si bien debe implementarse la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, para evitar que más ríos se contaminen con drenaje ácido de las minas que todavía están en abandono, también desde el Estado debe asumirse una postura sólida y definitiva con relación a los proyectos de minería metálica que están en las zonas transfronterizas y que son una clara amenaza para el Río Lempa, que constituye la principal fuente de agua para las y los salvadoreños.
Cabe hacer mención, que la Ley de Recursos Hídricos en su Artículo 25 establece que: “el Estado podrá negociar y suscribir Tratados y Convenios internacionales de cuencas de drenaje internacional o cuencas transfronterizas, siendo estos bilaterales o multiraleterales con relación a cursos de agua internacional, que incluye sistemas de agua superficial y subterránea, que en virtud de su relación física constituye un conjunto unitario cuyas partes se encuentran en Estados distintos, o sea entre El Salvador y otros países vecinos, en los que deberán respetarse las disposiciones o límites establecidos por la Constitución de la República y en lo pertinente a los principios del derecho internacional sobre la materia”.
La misma Ley que entra en vigencia en junio, en su Artículo 26 establece que para aplicar el Art. 25 antes citado, se deberá crear un comité de gestión de curso de agua internacional, el cual estará integrado por un representante de la Autoridad Salvadoreña del Agua- ASA y por los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Justicia y Seguridad Pública, Defensa Nacional, Desarrollo Local y Relaciones Exteriores, siendo este último, la cancillería salvadoreña, será quien coordine este comité. En este espacio no se tomaron en cuenta a redes del movimiento social ambiental que ha trabajado por años en la defensa de las aguas transfronterizas.
Desde el año 2008, las comunidades de Metapán, Santa Ana, y organizaciones del movimiento social ambiental nacionales y de incidencia regional, han denunciado la amenaza que representa la mina transfronteriza “Cerro Blanco”, que está ubicada en territorio guatemalteco pero a escasos kilómetros de El Salvador. Desde hace más de una década, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador-MNFM y diferentes redes ambientalistas han realizado diversidad de acciones tanto con el gobierno de Guatemala como de El Salvador, para que se frene dicho proyecto transfronterizo, sin que ninguno de los Estados tome cartas en el asunto.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador-MNFM, junto a otros espacios ambientales han propuesto un Tratado de Aguas Transfronterizas, pero a la fecha la cancillería salvadoreña no ha tomado con la suficiente seriedad la problemática que ya se está enfrentando en las comunidades de Metapán, Santa Ana. De hecho, en el 2019, esta Mesa denunció la problemática de escasez de agua que ya se enfrentaban en varias comunidades del municipio, siendo la más impactada la comunidad Pita Floja.
La mina transfronteriza “Cerro Blanco” solo espera que las autoridades guatemaltecas le autoricen una modificación a sus permisos ambientales, el cual solicitaron el año pasado para explotar oro y plata a cielo abierto. Esto significa que los niveles de escasez de agua serán superiores y no solo eso, sino que también implicará la contaminación de los suelos aptos para el cultivo de alimentos y también contaminará el aire.
Recientemente, el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados-ANDA, Rubén Alemán, durante una entrevista televisiva descartó que la mina transfronteriza “Cerro Blanco” este contaminando las aguas salvadoreñas, aseguró que los laboratorios de la autónoma han realizado monitoreos que así lo han determinado.
Sin embargo, existen evidencias científicas que revelan que esta mina transfronteriza está contaminando las fuentes de agua que Guatemala comparte con El Salvador desde hace varios años sin haber iniciado la explotación de los minerales a cielo abierto como pretenden hacerlo hoy en día. La empresa propietaria de la mina, la canadiense Bluestone Resources definió su proyecto minero en 548 millones de dólares para explotar 231 mil onzas de oro en un período de 11 años, según ha declarado el presidente de la empresa Jack Lundin, “Cerro Blanco” se convertirá en la mayor productora de oro en Centroamérica.
Esto da un panorama del nivel de impacto que traerá para los bienes naturales, especialmente para el agua, por lo tanto, se demanda del Estado de El Salvador actué con prontitud pensando en los intereses de las familias salvadoreñas sin contemplaciones para empresas mineras y cumpliendo con el Artículo 25 y 26 de la Ley de Recursos Hídricos que el mismo gobierno aprobó en diciembre pasado y del cual se ha hecho referencia anteriormente.
Un paso importante para frenar la minería metálica en Centroamérica, es la decisión de suspender los permisos ambientales y concesiones mineras en Honduras, que ahora deberá asumir como Estado las consecuencias ambientales, como la contaminación de su agua con posibles drenajes ácidos de mina en distintas partes de ese país. La noticia, es positiva para El Salvador, ya que en la zona transfronteriza con la nación vecina se contabilizaban por lo menos 41 proyectos de explotación de minería metálica.
Detener la explotación de la mina “Cerro Blanco”, ubicada en Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala es la apuesta que se plantean las comunidades salvadoreñas, y debe ser una lucha que el Estado de El Salvador debe impulsar sin olvidar que la implementación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica es una prioridad, que significa invertir recursos para hacer los cierres técnicos de minas y los procesos de remediación ambiental, principalmente en las comunidades de San Miguel, Morazán y La Unión.
San Salvador, 29 de marzo de 2022
