La reforma constitucional que elimina el artículo 210 de la Constitución de la República, suprimiendo así el financiamiento público a los partidos políticos, forma parte de la tendencia a reducir la participación ciudadana en la conducción del Estado.
La eliminación de la llamada “deuda política”, si bien puede interpretarse como una medida de austeridad, plantea serias implicaciones para el sistema político salvadoreño. El financiamiento público a los partidos políticos ha sido históricamente una herramienta para propiciar la equidad en las contiendas electorales, permitiendo que diversas fuerzas políticas, independientemente de su capacidad económica, puedan participar en igualdad de condiciones. Al suprimir este financiamiento, se corre el riesgo de que solo aquellos partidos con acceso a recursos económicos privados significativos puedan competir efectivamente, lo que podría distorsionar aún mas la representación política y favorecer intereses particulares sobre el bien común. Esa medida, además, desestimula la organización de la ciudadanía en partidos políticos para participar en asuntos públicos.
La supresión del financiamiento público a los partidos políticos tiene un impacto directo en su capacidad para ejercer su función mediadora entre la ciudadanía y el Estado. Los partidos políticos, en una democracia representativa, no solo canalizan las demandas ciudadanas hacia las instituciones del Estado, sino que también estructuran el debate político, articulan programas de gobierno y facilitan la participación electoral de sectores diversos de la población. Además, promueven el pluralismo político e ideológico que toda democracia debería conservar.
Con la eliminación de la deuda política, se limita el acceso equitativo a recursos que permiten a los partidos representar genuinamente a sus bases y desarrollar agendas políticas que respondan a intereses colectivos, no solo a los de sectores económicamente privilegiados. Lo anterior es aún más cuestionable si se toma en cuenta el mecanismo expedito e inconsulto con que se ha hecho, excluyendo a la ciudadanía del debate de un aspecto tan crucial para la vida del país.
La combinación de la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos y la utilización de mecanismos expeditos para reformar la Constitución sienta un precedente peligroso. Estas acciones se suman a la concentración del poder que se viene experimentando desde 2021, debilitando los contrapesos institucionales y erosionando el sistema de representación democrática.
No deben naturalizarse procesos de este tipo para modificar la norma fundamental de El Salvador. Con el mecanismo “expedito” de reforma constitucional, la base del Estado moderno, la que da algún sentido al aparato estatal, ósea el catálogo de derechos fundamentales de la población, queda sujeto al más imprevisible capricho o agenda política inmediatista, algo totalmente inaceptable para la vida digna de las personas.
“Nuestra lucha es por la dignidad de las personas”
San Salvador, 18 de febrero de 2025.
