La lucha contra la corrupción fue uno de los principales temas de campaña electoral del entonces candidato a la presidencia Nayib Bukele; también prometió que, de ganar, crearía la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES) en sus primeros cien días de administración. Ganó y en un contexto de expectativa creada a pulso de estrategia comunicacional cumplió su promesa de manera apresurada, en medio de una discusión sobre su constitucionalidad, fuerza, carácter vinculante, independencia y posible conflicto por el mandato que tiene la Fiscalía General de la República (FGR).
Despejadas algunas dudas, el 26 de noviembre de 2019 se estableció la CICIES sobre la base de un débil convenio entre la FGR y la Organización de Estados Americanos (OEA). Hubo sectores que no dejaron de hacer señalamientos precisos sobre la sostenibilidad de la apuesta en cuanto a que un convenio de ese tipo no brinda carácter vinculante.
Transcurrido un año de su instalación, y mientras se mantenía la expectativa en la CICIES, se conoció de 12 avisos que la Comisión puso al conocimiento de la FGR por actos de corrupción ocurridos durante la gestión de la pandemia en 2020. Es relevante decir que estos casos fueron presentados a principios de abril de 2021 ante el fiscal que fue depuesto del cargo en un proceso cuestionado realizado por la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de este año.
No había transcurrido ni una semana de la destitución del Fiscal cuando la persona que ahora está al frente de la institución, expresó públicamente que revisaría el convenio entre la FGR y la OEA.
Dicho y hecho, este día la FGR ha anunciado la finalización del convenio de colaboración, y por tanto la imposibilidad que la CICIES siga colaborando en la lucha contra la corrupción en El Salvador y es probable que los 12 casos identificados queden sin investigación y en total impunidad.
La incomprensible y errónea decisión del Secretario General de la OEA de anunciar el nombramiento de Ernesto Muyshondt como asesor de ese organismo puede interpretarse como una concesión a la FGR para utilizarlo como justificación para el rompimiento del Convenio, pero todos sabemos que las razones de la FGR son otras.
Quien ocupa el cargo de Fiscal General de la República ha llegado a cumplir a pie juntillas las órdenes de quien lo llevó al puesto, y en pocos días ha demostrado que no es independiente y que va en dirección contraria a lo que le manda la Constitución de la República: velar por el interés del Estado y de los particulares.
El envío al archivo de la propuesta de ley para el fortalecimiento a la CICIES realizado recientemente por la Asamblea Legislativa, es otro hecho que atestigua que en el país se allana el camino para que siga imperando la corrupción y la impunidad; y que la lucha que contra ellas se haría era solo discurso.
San Salvador, 4 de junio de 2021
