La Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), el Grupo Gestor por una Ley de Reparaciones y la Comisión de Trabajo Pro- Memoria Histórica (Pro-Memoria), los Comités de Víctimas de Morazán, Chalatenango y Usulután, y las víctimas en general EXPRESAMOS:
Desde antes de la guerra civil salvadoreña (1980 – 1992) el Estado salvadoreño en su conjunto ha propiciado impunidad de los crímenes de lesa humanidad y de guerra que provocaron graves violaciones a los derechos humanos. Pactos de las élites, corrupción, reparto de las instituciones, olvido de la memoria, militarismo, entre otras acciones que formaron parte del patrón de impunidad, fueron reforzados por la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz emitida en el marco de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, en 1993.
La lucha colectiva de las víctimas, logró la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía en julio de 2016, lo que significó un hito mayúsculo y abrió esperanzas en la lucha por derribar la impunidad. No obstante, nuevamente las élites consiguieron mantener el esquema de impunidad olvido, ignorando -una vez más- el clamor de justicia de las víctimas. En febrero de 2020 emitieron una nueva ley de impunidad, con la que buscaban beneficiar a criminales de la guerra. La ley aprobada fue vetada por el presidente Bukele, afirmando que: “Esta ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional es un fraude de ley desde su nombre, porque es una simple amnistía para desaparecer las penas para los que cometieron crímenes de guerra”[1]. Debido al veto presidencial, el proyecto de ley regresó a la Asamblea Legislativa, donde no tuvo ningún avance hasta el cierre de la legislatura anterior.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa ha retomado la construcción de una nueva de la Ley que permita darle cumplimiento a la sentencia de inconstitucionalidad emitida en el año 2016. Las diputadas y diputados tienen una oportunidad histórica para ponerse del lado de la verdad y la justicia. Lo anterior pasa, fundamentalmente por escuchar la voz de las víctimas, que han buscado justicia por décadas a nivel nacional e internacional. Para lograr lo anterior, hoy presentaremos ante la Asamblea Legislativa, una propuesta de Ley de Justicia Transicional para Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos en el contexto del conflicto armado. Dicha propuesta ha sido el resultado de amplias consultas a asociaciones y comités de víctimas en todo el territorio nacional, con especialistas internacionales en justicia transicional y es congruente con los proyectos de ley presentados por las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, en 2019 y 2020.
La propuesta que hoy presentamos, cumple con lo ordenado por la Sala de lo Constitucional y los estándares internacionales en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
El Salvador tiene deudas históricas pendientes desde los Acuerdos de Paz y la justicia para las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, es una de ellas. Hoy tenemos una oportunidad inmejorable para saldarla. Esperamos que la Asamblea Legislativa, en esta oportunidad, esté a la altura ética y política de saldar esta deuda histórica.
