Las personas en contextos de migración enfrentan desafíos principalmente causados por factores sociales, económicos y políticos, que las han obligado a abandonar su país en búsqueda de oportunidades para contar con una calidad de vida aceptable, sobre todo con dignidad.
La situación de las personas migrantes retornadas plantea un desafío importante para el país. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), durante el año 2024, un total de 15 003 personas salvadoreñas volvieron al país, lo que representa un promedio diario de 41 personas; siendo estas en su mayoría personas adultas. Si se analizan las cifras desagregadas por sexo, 8918 son del sexo masculino; mientras que 3616 del sexo femenino; 1306 niños y 1163 niñas.
Al respecto, el flujo de personas retornadas se verá incrementado en los próximos meses, debido al plan de deportaciones masivas que ha implementado el gobierno de los Estados Unidos, lo que representa para el país, una presión significativa para generar incentivos económicos, laborales, profesionales y familiares que sean de interés y atracción.
Ante esta grave situación, El Salvador está obligado a contar con un sistema sólido de protección de las personas migrantes retornadas, que permita atender esta emergencia humanitaria desde una visión integral, con un enfoque diferencial y de derechos humanos. Ello implica tomar las medidas necesarias para recibir a niñas, niños y adolescentes en contexto de retorno, en función de velar por su interés superior.
Asimismo, el gobierno debe incorporar los principios de la Agenda 2030 que incluye una meta específica sobre la migración; en particular la meta 10.7: “Facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura y responsables, mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”, por tal motivo, surge la necesidad de contar con una política de retorno.
Para lo anterior, el trabajo desde el ámbito local es fundamental, así como la articulación con la sociedad civil organizada y no organizada. Desde nuestros recursos limitados, estamos en la disposición de promover y apoyar programas orientados a la atención de la población retornada, por lo que incentivamos a los gobiernos locales y al central a impulsar esfuerzos articulados con diversos actores sociales para garantizar que las personas retornadas tengan acceso a sus territorios con alternativas de trabajo, acceso a la salud y a la educación.
En esa línea, como FESPAD, en el marco de proyecto “Retornados viviendo en dignidad”, auspiciado por la obra episcopal de la Iglesia católica alemana para la cooperación al desarrollo –MISEREOR-, en coordinación con la Alcaldía Municipal de San Salvador Este, iniciamos con la entrega de capital semilla a personas retornadas del Distrito de San Martín, que en total ronda los $ 26 000.00 mil dólares.
La iniciativa se enmarca en la lucha contra la pobreza y la injustica, constituyendo un esfuerzo por crear un modelo de respuesta ante el retorno de población salvadoreña. El capital semilla se entrega con base a planes de negocio elaborados por las personas beneficiarias, luego de haber concluido un proceso de formación facilitado por CONAMYPE. Además, el gobierno municipal ha facilitado la identificación y atención de dicha población, poniendo a disposición infraestructura y personal para ello.
El proyecto incluye, además, actividades como capacitación en derechos humanos, movilidad humana, el fortalecimiento de liderazgos comunitarios y la promoción de políticas públicas que protejan los derechos de las personas retornadas.
Las actividades del proyecto son un aporte que como FESPAD impulsamos para contribuir a la construcción de respuestas locales y nacionales a favor de la población salvadoreña retornada, con el fin de fomentar la inclusión y la cohesión social.
Reiteramos nuestra disposición de apoyar todas las iniciativas que tiendan a garantizar los derechos de la población salvadoreña.
“Nuestra lucha es por la dignidad de las personas”
San Salvador, 26 de febrero de 2025.
